La falta de antecedentes ha llevado a que los propios magistrados fijen los servicios mínimos que consideran "fundamentales", después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, órgano de gobierno de los jueces) renunciara a establecerlos al considerar que la protesta carece de cobertura legal.
Así, la jornada de huelga de 24 horas no afectará a las causas con presos, los casos de violencia machista, asuntos relacionados con menores o el internamiento de enfermos mentales.
Las consecuencias de la protesta son imprevisibles, ya que antes de ser efectiva han desunido a la carrera judicial y ha provocado un amplio debate en la sociedad.
Los jueces han convocado este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas con competencias acepten sus reivindicaciones.
Una demandas que pasan por la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.
La huelga, que se produce después de una serie de desencuentros entre el mundo judicial y el Gobierno español, ha sido convocada por por la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), en una decisión inédita y sin precedentes.
Además, el paro coincide con una protesta "simbólica" en todas las sedes judiciales impulsada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), las dos asociaciones que no secundan el paro.
De los 4.860 jueces que hay en España casi el 50 por ciento no está asociado.
El seguimiento del paro en grandes capitales como Madrid y Barcelona, puede ser indicativo, ya que agrupan a una buena parte de la carrera judicial.
Se da la circunstancia de que en Madrid, las protestas también coinciden con la huelga de dos semanas que secundan desde el pasado lunes los funcionarios de Justicia.