El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha vuelto a rechazar el acuerdo adoptado el pasado mes de febrero por "la mayoría nacionalista" en la Mesa de la Cámara, con rechazo de PSE y PP, que determina que el Parlamento vasco sufragará los gastos del recurso del expresidente de la Cámara, Juan María Atutxa (PNV), ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra su condena por no disolver en su día el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003.
Atutxa, junto a los también miembros de la Mesa del Parlamento vasco Kontxi Bilbao y Gorka Knörr, fue condenado por desobediencia a la autoridad judicial por no disolver el grupo Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003.
El expresidente del Parlamento vasco anunció este pasado miércoles que recurrirá en próximos días al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con la pretensión de que éste declare su "inocencia", tras haber cumplido ya la condena de inhabilitación y multa que se le impuso.
En un comunicado, Pastor ha recordado que "los socialistas nunca entendimos por qué el Parlamento tuvo que hacerse cargo de la defensa de tres de sus miembros, que adoptaron la decisión particular de no acatar las órdenes dadas por los tribunales".
"Eso es lo que se juzgó, no la autonomía parlamentaria, y por eso las sentencias correspondientes han sido individuales, de inhabilitación de cada uno de ellos, ya cumplidas, por cierto", ha indicado.
Asimismo, ha recordado que el PSE se opuso en su día a las decisiones que adoptaron estos tres miembros de la Mesa --Juan María Atutxa, Kontxi Bilbao y Gorka Knörr-- y ha criticado que el Parlamento se hiciera cargo de su defensa, "a pesar de que otros dos miembros de la Mesa rechazaron las decisiones adoptadas".
"CARGO A SUS BOLSILLOS"
"La resolución judicial final ha sido de atribución de responsabilidades personales. Y si hoy, en el ejercicio de su derecho, acuden a Estrasburgo, donde no pueden personarse instituciones sino los particulares que se sientan afectados en sus derechos individuales, deberán hacerlo con cargo a sus bolsillos", ha defendido.
Pastor ha advertido del precedente que se sienta, ya que "cualquiera que en el ejercicio de su cargo público cometiera una acción que después los tribunales pudieran condenar, podría reclamar el apoyo jurídico de la institución correspondiente para acudir a todas las instancias".
"Este es un derecho al recurso al que muchísimos ciudadanos no pueden acceder en defensa de sus derechos más elementales por la aplicación de las tasas judiciales", ha señalado.