Así lo ha anunciado el portavoz adjunto de los socialistas José Quintana en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, quien ha manifestado que espera que se tomen las medidas "oportunas" si los inspectores hayan "infra cotización".
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Íñigo Henríquez de Luna, ha ironizado sobre la denuncia y ha dicho que está convencido de que "no va contra" el PP sino contra el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que percibe los mismos complementos retributivos, como figura en los datos colgados en la web del Congreso de los Diputados.
También se ha referido a los "sobresueldos" del PSOE en Parla, investigados por los tribunales, antes de asegurar que los complementos retributivos son "legales y transparentes desde el punto de vista fiscal", para afirmar que la denuncia socialista es "una cortina de humo porque intentan tapar muchos casos de corrupción".
Henríquez de Luna ha acusado al Grupo Socialista de ocultar un informe que solicitaron a los Servicios Jurídicos de la Cámara el cual considera dichos complementos "compatibles e inherentes a la condición de diputado", así como de "faltar a la verdad", ya que, según ha indicado, hace un año ya dijo que había denunciado los 'sobresueldos' a la Inspección de Trabajo y a la Seguridad Social, lo que resultó ser "una bravuconada más", según sus palabras.
"NO TENEMOS NADA QUE OCULTAR"
"Estamos tranquilos y no tenemos nada que ocultar", ha aseverado el portavoz popular, al tiempo que se ha manifestado partidario de la "transparencia máxima" y ha pedido la misma transparencia a todos los Grupos Parlamentarios, a los que ha instado a publicar las cuentas en la web de la Asamblea para que todo el mundo sepa en qué se gastan el dinero que reciben del Parlamento regional.
En este punto, Henríquez de Luna ha señalado que UPyD destina ese dinero a pagar intereses de deuda y el Grupo Socialista a costear "una suntuosa sede en Callao", aunque tiene otra inutilizada.
Por otro lado, el portavoz popular ha pedido "coherencia" al Grupo Parlamentario de UPyD en lo que respecta a la portavoz adjunta Elvira García Piñeiro, a la que el PP ha pedido que se sancione por no asistir a las reuniones de la Junta de Portavoces a pesar de que cobra un complemento retributivo por este concepto.
UPyD sostiene que la portavoz adjunta no tiene obligación de asistir a las reuniones de la Junta de Portavoces si acude el portavoz del grupo parlamentario.
El portavoz popular ha explicado que los citados complementos retributivos los perciben los miembros del Comité de Dirección del Grupo Parlamentario, en concreto, siete diputados a los que se reconoce su el mayor "dedicación y responsabilidad" y que, según Henríquez de Luna, son legales y cumplen con la Seguridad Social y las obligaciones fiscales.
El escrito presentado por el Grupo Socialista señala que dicho complemento se recibe "bajo el concepto genérico e ilegal colaboraciones". El escrito recoge informaciones publicadas por diversos medios de comunicación, de las que concluyen que "el cálculo de la cantidad defraudada", para el periodo comprendido entre 2009 y 2013, sobrepasaría los 112.000 euros.
Según los socialistas, "de las declaraciones de los responsables del Grupo Parlamentario Popular se desprende que sobre dichas percepciones se habrían producido retenciones a cuenta del IRPF", pero "parece no existir liquidación de los seguros sociales que derivarían del abono de cantidades por parte del Grupo Popular a sus diputados con periodicidad mensual fruto de los servicios prestados al empleador".
"Se desconoce si se tramitaron las altas en la Seguridad Social, pero en la documentación que se ha publicado no consta el abono de las correspondientes cotizaciones de seguridad social", agregan.
Asimismo, señalan que "además de la falta de afiliación y cotización a la Seguridad Social al producirse como es el caso, una situación de pluriempleo, por la actuación defraudatoria del Grupo Parlamentario de la Asamblea de Madrid la Asamblea deja de compensar (como debiera) y asume todo el coste de la Seguridad Social en exclusiva, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas".