La propuesta socialista se presenta tras conocerse el informe emitido por los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra, solicitado en su día también por el PSN y en el que "se establece que la Cámara de Cuentas carece de competencia para fiscalizar Caja Navarra, por su estructura jurídica de titularidad privada, pero sí es competente para analizar la actuación llevada a cabo por el Gobierno foral en las decisiones de la CAN".
El PSN afirma que, según se indica en el informe jurídico del Parlamento, "corresponden al Ejecutivo foral las funciones de inspección y de protectorado público sobre Caja Navarra, que en este último caso comprende el control de la actuación de la entidad, respetando su gobierno autónomo, así como la vigilancia del cumplimiento por parte de las Cajas de Ahorro su función económica-social, y el control de las grandes líneas políticas a que se somete su actividad mercantil (política de fusiones y alianzas, expansión, y políticas de inversiones o participaciones)".