Ambos partidos volverán a reunirse este viernes, según han confirmando a los periodistas al término de esta primera reunión tanto el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, como el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, quien ha apuntado que no ha sido posible cerrar el acuerdo porque sigue habiendo "discrepancias".
Este viernes, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica el decreto anunciado por su presidenta, Susana Díaz (PSOE-A), por el que se retiran a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IULV-CA, las competencias relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica, que pasan a manos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que dirige la socialista María Jesús Montero.
El decreto, que de este modo entra en vigor este mismo viernes, se produce tras las diferencias surgidas entre los socios de gobierno tras la solución adoptada por Fomento para el realojo de familias de la Corrala Utopía, en Sevilla, y que ayer provocó una reunión del comité de enlace PSOE-IU que culminó sin acuerdo tras doce horas de negociación que se retomará este viernes.
REUNIÓN DE URGENCIA DE IU
Tras la entrada en vigor del decreto, Izquierda Unida ha convocado de urgencia a su dirección colegiada en Andalucía para analizar la situación generada en el Gobierno andaluz. Según han informado a Europa Press fuentes de la federación de izquierdas, la reunión ha sido convocada por el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, que suspende por este motivo toda la actividad programada esta mañana en Huelva junto al coordinador general de IU, Cayo Lara.
Las mismas fuentes han indicado que Maíllo tiene previsto comparecer en rueda de prensa en Sevilla junto a Cayo Lara al término de la reunión para informar de las decisiones que puedan adoptarse.
Otros dirigentes de IULV-CA, como el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, también han suspendido su agenda institucional para asistir a la reunión de la dirección colegiada.
12 HORAS DE REUNIÓN SIN ACUERDO
El comité de enlace entre ambos partidos ha estado reunido unas doce horas --con recesos para el almuerzo y para acudir a votaciones en el Pleno-- para tratar de desbloquear la situación que se ha generado, y cuando sobre la mesa hay un decreto ya firmado por la presidenta de la Junta para retirar las competencias a la Consejería de Fomento y Vivienda.
En la reunión del comité de enlace han estado presentes, por parte del PSOE-A, el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, el secretario de Organización del partido, Juan Cornejo, y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Jiménez.
Por parte de IULV-CA, han asistido el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración y Relaciones Institucionales, Diego Valderas; el coordinador general de la federación, y el portavoz parlamentario, José Antonio Castro, mientras que de manera intermitente también han estado presentes el viceconsejero de Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián, y secretario general del PCA, José Manuel Mariscal.
"VAMOS A SEGUIR TRABAJANDO"
"No hay acuerdo y vamos a seguir trabajando", ha dicho Jiménez Barrios a los periodistas, apuntando que "es un asunto complejo, y por tanto, intentaremos llegar a una solución a la altura de lo que se necesita".
La presidenta expresaba este mediodía en los pasillos del Parlamento andaluz que ya estaba firmado el citado decreto y confiaba en que se "recupere la normalidad legal".
Preguntada sobre si finalmente se van a retirar las competencias a Fomento y Vivienda, Susana Díaz indicaba que "siempre se va a actuar dentro del marco de la ley, de la igualdad y de la justicia social". "Yo he hecho un decreto y si se recupera la normalidad legal de la situación, evidentemente se podrá revisar el decreto", señaló la jefa del Ejecutivo.
Desde IULV-CA se considera, según ha manifestado en las últimas horas, que la Consejería de Fomento y Vivienda está dando cumplimiento con el realojo de familias al auto del juzgado de instrucción número 3, de 25 de febrero, que mandata a las administraciones a "proveer lo necesario" para atender "a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social".