En la exposición de motivos de la PLN el PSOE recuerda que en abril de 2002 el Congreso aprobó por unanimidad la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia y que con este antecedente el Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia incorporó como objetivo "la claridad, calidad, y accesibilidad del lenguaje jurídico como objetivo de sus políticas públicas".
Por ello se constituyó, en diciembre de 2009, la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico, presidida por el secretario de Estado de Justicia de entonces y con el director de la Real Academia de la Lengua como vicepresidente y hasta ocho vocales provinientes de diversas disciplinas que recibieron el encargo de presentar un informe de recomendaciones.
Presentaron su informe en diciembre de 2001, en el que se proponía impulsar sus recomendaciones y dar visibilidad a esta nueva política pública, para lo que se creo un convenio marco de colaboración del que, según el PSOE, nada se sabe sobre su pervivencia ni del cumplimiento de sus objetivos.