En un comunicado, De la Herrán ha considerado que un gobierno autonómico "no puede permitirse una falta de respeto de tal envergadura sobre las personas que velan por la seguridad y por el cumplimiento de los deberes y derechos de todos los ciudadanos", por lo que le ha pedido "que demuestre lealtad, ejemplaridad pública y disposición para colaborar con las fuerzas de seguridad y la justicia, en lugar de eludir el tema y descalificar su arduo trabajo de investigación y protección ciudadana".
El dirigente de UPyD ha solicitado al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y a su antecesor, Manuel Chaves, que también pidan disculpas a los ciudadanos, "tanto si verdaderamente están implicados en las irregularidades de los ERE fraudulentos como si no, porque en ese caso su ignorancia o desconocimiento ante unos hechos tan graves en su propia administración denotan igualmente incompetencia y mala gestión".
De la Herrán ha lamentado que "ya son muchos los documentos, informes y organismos que apuntan hacia los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y a día de hoy nadie se ha preocupado por dar explicaciones a los ciudadanos, a quienes han depositado su confianza para que les representen en el Parlamento".
El coordinador territorial de UPyD también ha pedido al Gobierno andaluz "que no posponga más la comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento, un órgano urgente y de vital importancia, al que se comprometieron tanto PSOE como IU en su acuerdo programático de gobierno, y para el que siguen sin concretar fecha".
Del mismo modo, ha recordado la necesidad de una ley de información pública andaluza para publicar las cuentas, subvenciones, gastos y adjudicaciones de contrato de todas las administraciones y los organismos autónomos, entidades, sociedades, fundaciones, agencias o institutos vinculados a ellas o sostenidos con fondos públicos, "una medida, que evite nuevos casos de corrupción, irregularidades y que impida que el dinero público sólo enriquezca a unos cuantos".
Por otro lado, ha propuesto velar por que se remitan a la Cámara de Cuentas las cuentas anuales de todas las entidades dependientes y vinculadas, en los plazos y formas establecidos por la Ley, sancionando en caso contrario. Sobre la misma Cámara de
Cuentas, cree necesario modificar su estructura y funcionamiento con la despolitización, profesionalización, dotación de poder sancionador, reforma de la elección de sus miembros y publicación en internet de todos sus informes.
Finalmente, ha defendido la elaboración de un plan para la implantación de un modelo de gestión de gobierno abierto, la creación de un portal público donde los representantes del Parlamento andaluz interactúen con los ciudadanos contestando sus demandas, la creación de una Oficina de Ética de las Administraciones Públicas, independiente y vinculada a la Fiscalía Anticorrupción y a la Oficina del Defensor del Pueblo para la gestión, tratamiento y resolución de las comunicaciones enviadas de forma confidencial por los ciudadanos sobre malas prácticas de las administraciones.