El Grupo Parlamentario Socialista ha criticado el "afán" que tiene el Gobierno en aprobar dos leyes que pretenden regular distintos aspectos de las administraciones públicas y ha denunciado que el Ejecutivo "pretende completar su tramitación de forma acelerada" y sin buscar "el consenso imprescindible".
El PSOE ha presentado sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de ley que reforma el Régimen Jurídico del Sector Público y al de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, anteproyectos que se encuentran tramitándose en el Congreso de los Diputados.
En el documento que recoge las enmiendas, al que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas rechazan el "empeño" del Ejecutivo por aprobar los proyectos de ley cuando "a lo sumo quedan tres meses naturales" para que se cumpla el plazo para la disolución de las cámaras.
"Este empecinamiento en aprobar unas normas que suponen una reforma estructural de las instituciones del Derecho Administrativo, de la Administración General del Estado y del resto de las Administraciones Públicas, y de la propia estructura y funcionamiento del Gobierno, resulta claramente injustificado a estas alturas de la Legislatura", señala el PSOE.
PLAZOS PERENTORIOS
Según alegan desde este partido, los plazos "tan perentorios" imposibilitan buscar y conseguir un "consenso imprescindible" así como "la tramitación reflexiva y el examen detenido" del contenido de las futuras normas. Además, creen que las prisas impedirán las aportaciones técnicas para mejorar las deficiencias de ambos textos.
El grupo socialista considera que los proyectos de ley perjudican la seguridad jurídica de las relaciones entre administraciones, y las de éstas con los ciudadanos. Asimismo, critica que el Ejecutivo pretenda regular la organización administrativa y el procedimiento administrativo y quiera acabar con una "dispersión normativa" que, a juicio del PSOE, "nunca existió".
Dicha separación entre la materia organizativa y la procedimental, según el PSOE, "genera graves inconvenientes" y "confusión entre normas básicas".
INVASIÓN DE COMPETENCIAS AUTONÓMICAS
Por su parte, IU-ICV y CiU también han presentado enmiendas a la totalidad a ambos anteproyectos de ley alegando que invaden competencias autonómicas y que tienen un objetivo recentralizador basado en la "omnipresencia" de la Administración General y el control de las administraciones territoriales.
La Izquierda Plural cree que los anteproyectos obvian que "comunidades autónomas y ayuntamientos también son Estado" y regula las relaciones interadministrativas de manera "unilateral, sin diálogo ni consenso con los actores". Asimismo, tachan las reformas de "deficientes" y también rechazan que se esté tramitando "sin el más mínimo consenso ni diálogo".
Desde CiU, subrayan el carácter recentralizador de estas normas que "debilitan la capacidad autónoma de las administraciones autonómicas". En su opinión, esta regulación "desborda las competencias básicas estatales" y "condiciona de forma ilegítima" las autonómicas y, además, supone unas cargas económicas para las comunidades y entes locales que no se ven compensadas por el Estado.