El PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y ERC rechazaron este jueves en el Congreso la ley que regula el ejercicio del alto cargo en la Administración, uno de los proyectos de ley contra la corrupción que fueron presentados por Mariano Rajoy el pasado 27 de noviembre. Para estos partidos de oposición, las nuevas exigencias se quedan cortas, pero el PP lo achaca a "excusas de mal pactador".
En la Comisión Constitucional del Congreso, el socialista Antonio Pradas, justificó su voto en contra alegando que la ciudadanía exigía cambios y que el Gobierno y el PP "han optado por no cortar de raíz" y "han dado por perdida la batalla".
Entre otras cosas, el PSOE propuso sin éxito añadir al estatuto o en la ley que controla la actividad económica de los partidos algunas cuestiones como la limitación de los indultos, la ampliación del periodo de incompatibilidad de los altos cargos cesados (ahora son dos años), la reducción de aforados, la limitación de mandatos, o la independencia de los órganos de supervisión.
"El PSOE seguirá intentando llegar a acuerdos porque, según reflejan las encuestas, o hacemos algo, o algo se hará contra nosotros", ha señalado, refiriéndose a la preocupación generalizada por la corrupción.
Joan Josep Nuet, en nombre de Izquierda Plural, ha definido la ley del alto cargo como "un truco" del PP para tapar la corrupción, pero considera que no por ello IU-ICV-CHA va a creer en la magia.
COSAS QUE FALTAN
En su opinión, faltan muchas cosas en la ley y citó asuntos como la reducción de aforamientos, la limitación de los indultos, la regulación de los 'lobbies', la aplicación a instituciones como la Casa Real, el cese del alto cargo imputado por corrupción sin esperar al juicio, el refuerzo de las incompatibilidades y la independencia de la oficina que las vigila (ahora depende del propio Gobierno), la prohibición de las 'puertas giratorias' o un régimen sancionador suficiente.
UPyD rechaza la ley al entender que "no aporta gran cosa a los problemas de fondo" y que "avanza muy poco": "Es una oportunidad desperdiciada --sostiene el diputado Carlos Martínez Gorriarán--. Más allá de la publicidad, no vemos el esfuerzo regenerador. Está muy lejos de lo que se pide".
Entre otras cosas, el partido magenta reclama una regulación de los sueldos de altos cargos de tal manera que ninguno cobre más que el presidente del Gobierno, prohibir las 'puertas giratorias' que permiten el tránsito de cargos públicos a la iniciativa privada, garantizar la independencia de la Oficina de Conflicto de Intereses que la ley adscribe al Gobierno, y la exigencia del cese a personas incursas en delitos graves sin esperar a la sentencia.
También se pronunciaron en contra Amaiur y Esquerra Republicana (ERC), cuyo portavoz, Joan Tardà, cree que la ley del alto cargo "se ha quedado muy, pero que muy, corta" frente a las exigencias ciudadanas. Su propuesta era eliminar tratamientos, reducir coches oficiales, suprimir viajes en clase 'business', ordenar sueldos para que ningún cargo cobre más que el presidente, limitar las dietas, y regular los grupos de influencia ('lobbies').
Frente a las críticas, el PP negó las carencias del estatuto y tachó de injusto "no valorar el esfuerzo del Gobierno" al regular por primera vez el ejercicio del alto cargo. A su juicio, la oposición de estos partidos se debe a motivos ajenos.
El portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional, Pedro Gómez de la Serna, considera que el PSOE y otros partidos de oposición presentaron enmiendas que no exigen donde gobiernan, que resultan ajenas al objetivo de la ley y que resultaban de imposible aceptación. Todo ello, a su juicio, como "excusas de mal pactador" para no retratarse en apoyo de la ley del Gobierno.
CIU LO AVALA
CiU, por su parte, dejó claro que no se opone a la ley, máxime cuando, según ha remarcado, sólo afecta a los cargos de la Administración General del Estado y que las comunidades autónomas, en aras de su autogobierno, decidirán cómo se aplican estas exigencias en su ámbito.
El diputado de UPN, Carlos Salvador, avaló la reforma aunque reiteró su propuesta de añadir la regulación de "sistemas de denuncias internas" en la Administración para facilitar que los empleados públicos delaten prácticas corruptas sin temor a ser represaliados.
Coalición Canaria, por boca de la diputada Ana Oramas, anunció también su voto a favor de la ley del alto cargo, al considerar que supone un avance.