El PSOE y el PP no descartan la posibilidad de presentar, para que sean aprobadas en el Senado, las enmiendas transaccionales a la reforma constitucional que han ofrecido a CiU y que finalmente no se han podido votar este viernes en el Pleno del Congreso porque IU las ha vetado. Los dos grupos mayoritarios barajan esta opción, aunque admiten que existen problemas de tiempo para ponerla en práctica.
En el caso de que las enmiendas se aprobasen en el Pleno que el Senado celebrará el próximo miércoles, la reforma constitucional tendría que volver después al Congreso para su aprobación definitiva en otra sesión plenaria. Y sólo queda el jueves, pues el viernes es festivo en Madrid.
Una vez aprobada, las Cámaras tienen que abrir un plazo de 15 días para dar la oportunidad a que, si recaban las firmas necesarias, un diez por ciento de los miembros del Congreso (35 diputados) o del Senado (26 senadores) puedan que se someta a referéndum.
Dado que las Cortes deben disolverse el 26 de septiembre, la reforma debería estar aprobada cómo mínimo quince días antes, lo que obligaría a que el Congreso, si tiene que debatir nuevas enmiendas procedentes del Senado, se reúna de nuevo la semana que viene.
CIU YA AVISA QUE NO LE LLENAN
A este problema con los plazos, se une la advertencia que ha hecho CiU. Su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran, ya ha aclarado que su posición respecto a la reforma no cambiaría, aún en el caso de que se incorporan en el Senado las transaccionales que PSOE y PP han ofrecido a su formación porque las consideran "puramente técnicas".
En concreto, los dos partidos mayoritarios han ofrecido a CiU una nueva redacción del apartado 6 del artículo 135 para dejar claro el reconocimiento a la autonomía financiera de las autonomías y especificar que las comunidades, de acuerdo con sus estatutos, adoptarán las disposiciones que procedan para el desarrollo y la aplicación de los mecanismos para cumplir el compromiso de estabilidad presupuestaria consagrado a través de la reforma.
Además, en otra transaccional, PSOE y PP abrían la puerta a que la futura ley orgánica que fijará los límites de déficit regule también los mecanismos previstos para el cumplimiento del tope de deuda pública de las administraciones.