El PSOE y el PP han respaldado públicamente la exigencia de un porcentaje de firmas para avalar candidaturas de nuevas formaciones, un requisito que se introdujo en la última reforma de la Ley Electoral y que se aplicara por primera vez en las elecciones generales del próximo 20 de noviembre.
Tras la última reformas, que entró en vigor a finales de enero, "los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección". Además, se precisa que "ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura".
Esta medida afectaría entre otros a Sortu, si finalmente fuera legalizado por el Tribunal Constitucional, e incluso a la coalición Bildu pues se trata de formaciones que, como tales, no se presentaron a las últimas elecciones generales y que, por ende, no obtuvieron representación parlamentaria en ninguna de las dos cámaras. Pero también sería aplicable a partidos locales que hasta ahora no se han presentado a unas generales como el Foro Asturias (FAC), el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y la Plataforma por Cataluña (PxC).
Tanto la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, como el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, fueron preguntados por este asunto en las respectivas ruedas de prensa que ofrecieron este lunes.
Sáenz de Santamaría defendió la reforma alegando que se adoptó por consenso, que a su juicio es el elemento básico a la hora de analizar una ley electoral. "Las leyes electorales deben modificarse por consenso de al menos los dos grandes partidos, así ha sido y así debe ser", zanjó. Pérez Rubalcaba, que aboga por estudiar cambios en el sistema electoral para reforzar la proporcionalidad, quiso dejar claro por su parte que este tema del aval de firmas no piensa modificarlo.
EVITAR PARTIDOS 'FANTASMA'
La idea de exigir firmas a nuevas formaciones fue una propuesta de CiU que tiene por objeto impedir que se presenten a unos comicios formaciones estrafalarias con fines publicitarios o partidos 'fantasma' que tienen como único propósito hacerse con la copia del censo electoral que se facilita a todos los concurrentes a unas elecciones.
Y es que a lo largo de los últimos años se habían detectado casos en los que se presentaban listas al Congreso o al Senado con el único propósito de hacerse con el censo electoral con el objetivo de comerciar con esos datos ante empresas de marketing.
La subcomisión del Congreso que analizó las opciones de reforma electoral desechó la otra alternativa que sugirió el Consejo de Estado, el establecimiento de una fianza económica, pues los grupos parlamentarios consideraron que esta vía sería una carga demasiado pesada para estas pequeñas formaciones políticas.