Así lo ha anunciado el letrado que inició las acciones legales cuando Jaime Lissaveztky era portavoz del Grupo Municipal Socialista de Madrid.
En sus conclusiones provisionales, ha anunciado que si Viñals es condenado por su supuesta responsabilidad en los hechos solicitará la suspensión de la misma en base al artículo 80.4 del Código Penal.
Simón Viñals y su hijo afrontan una petición fiscal de un año y medio de cárcel. A cada uno se le imputa un delito de homicidio de imprudencia grave por dar por muertas y no en parada a dos de las chicas que fallecieron.
"Partiendo de la base de la condena que se solicita, planteo que se suspensa su ejecución en atención a su edad y su deficiente estado de salud", ha recalcado a Europa Press Mariano Benítez de Lugo. Los jueces pueden acordar la suspensión de cualquier pena cuando el penado está aquejado de una enfermedad grave.
Además, ha confirmado que mantiene la acusación contra el exjefe de la Policía municipal de Madrid Emilio Monteagudo, ya que ha dado por acreditado que los medios policiales de esa noche fueron insuficientes.
Y ha sometido a la sala, teniendo en cuenta que no acusa la fiscal, que no está clara la cadena de mando que va desde la oficial de Moncloa hasta él y por tanto es un tema analizar detenidamente.
"Los acusados no quisieron esos daños pero se han producido", ha destacado el letrado, quien ha recalcado que la tragedia es consecuencia de los organizadores y el resto de los participantes,
"Debieron tener el control de los hechos. Desgraciadamente, la historia se ha repetido. Existe una sentencia en el caso de Alcalá 20, de 1995", ha dicho especificando que se puede aplicar a este caso ya que entonces lo que sucedió fue por el "desmedido fan de lucro".