El PSOE está explorando la posibilidad de promover que los ayuntamientos presenten ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias en defensa de la autonomía local después de que salga adelante la reforma local que promueve el Gobierno y que, para los socialistas, supone someter a los municipios al "tutelaje" del Ministerio de Hacienda.
El objetivo del PSOE es que el TC tenga que estudiar un conflicto en defensa de la autonomía local que, para poder ser presentado, debe estar avalado por un séptimo de los más de 8.100 municipios españoles que además representen a un séptimo de la población total del país. Con la actual configuración del mapa municipal, el PSOE no alcanza en solitario esta cifra, por lo que debería contar con el apoyo de otras fuerzas que ya han mostrado su oposición al texto que maneja el Gobierno, como CiU, PNV, IU o Coalición Canaria.
El Tribunal Constitucional recoge en su reglamento que el conflicto en defensa de la autonomía local está contemplado para ser "promovido por municipios y provincias con ocasión de leyes o normas con rango de ley, tanto estatales como autonómicas, que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada".
El PSOE estudia esta fórmula de oposición a la reforma local dentro de la "batalla global" que tiene previsto presentar al texto que está en manos del Consejo de Estado y que el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este mes, según ha explicado el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, en la inauguración de unas jornadas celebradas en el Senado bajo el título 'El Gobierno Local que necesita España'.
Zarrías ha lamentado que las negociaciones con el Gobierno desde que comenzó el debate de esta reforma no hayan dado sus frutos y ha asegurado que el PSOE seguirá intentando modificar el texto durante su paso por las Cortes Generales, aunque ha temido que "si esto entra blanco, al final sale blanco".
Por ello, el conflicto de competencias promovido por las propias entidades locales se sumaría al recurso de inconstitucionalidad que pueden presentar 50 diputados o 50 senadores y a los conflictos constitucionales que pudieran presentar las comunidades autónomas, ya que los socialistas consideran que el texto que maneja el Gobierno pisa competencias autonómicas.
Zarrías considera que el proyecto del Gobierno no cumple con el objetivo que se plantea de clarificar las competencias municipales y evitar competencias y en cambio invade sus competencias al tratar de garantizar su control financiero y presupuestario y abriendo la puerta a la participación privada en la prestación de los servicios.
En este contexto, el dirigente socialista ha arremetido contra la fijación de los denominados costes estándar, que cree que limitarán la acción de los concejales electos y limitará su actuación a la prestación de unos servicios que ya habrán sido previamente designados por el Ministerio de Hacienda.
Además, ha rechazado la posibilidad de que las diputaciones provinciales asuman las competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que "intenta hacer de los ayuntamientos meras sucursales administrativas de otras entidades".
LA VERDADERA ENMIENDA A LA TOTALIDAD, DE MANO DE LOS CIUDADANOS
En la inauguración de las jornadas también ha intervenido la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, quien ha sostenido que, más allá de las acciones que pueda emprender el partido, la verdadera enmienda a la totalidad a la reforma debe llegar de los ciudadanos, que "no pueden permitir que de un plumazo se quiera desvirtuar el corazón de las instituciones democráticas".
Rodríguez ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de "enmascarar" el objetivo que realmente persigue con esta reforma, que no es otro que la "privatización" de los servicios. "Es un ataque muy claro al modelo de servicios y prestación de servicios básicos que se ha tejido a lo largo muchos años, un ataque muy claro al modelo democrático que hemos ido construyendo a través de un Estado social", ha denunciado.