La contabilidad de las campañas del PP fue fiscalizada en su día por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y dada por buena por la Comisión de Presupuestos y Hacienda de Parlamento regional.
Los socialistas, sin embargo, creen que pudo existir una "doble contabilidad", a la vista de las informaciones difundidas en las últimas semanas por el diario "Público".
La portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez, ha entregado en el registro del Tribunal de Cuentas un escrito con su petición, acompañada por otros miembros directivos de su grupo parlamentario.
El escrito plantea que la "contabilidad debe ser revisada para ver si refleja de manera fiel las partidas de ingresos y gastos electorales por Fundescam" y pide una "inspección sobre las transacciones realizadas por Fundescam que presuntamente han supuesto un beneficio para el PP de Madrid", ha explicado Menéndez.
También demanda que el Tribunal de Cuentas "solicite a las empresas que hubieran prestado servicios al PP de Madrid durante los señalados procesos electorales que justifiquen si en esos mismos periodos facturaron cualquier concepto a la entidad Fundescam".
Los socialistas reclaman al Tribunal que, una vez que efectúe esas averiguaciones, las ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal, si de ellas se desprenden "irregularidades" en materia de financiación electoral que pudieran ser constitutivas de delitos de "falsificación en documento público", "falsificación en documento mercantil" y "delito electoral".
Maru Menéndez ha aseverado que "el PP se equivoca negando una explicación a la ciudadanía madrileña" sobre este asunto y ha avanzado que, en el pleno de la Asamblea del próximo jueves, preguntará a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, por las "empresas que han tenido contratos con la Comunidad de Madrid y al mismo tiempo son empresas donantes de Fundescam".
El de hoy es el tercer escrito que el grupo parlamentario del PSOE presenta para intentar averiguar si ha existido financiación irregular del PP de Madrid a través de Fundescam, después de los ya entregados a la Junta Electoral Central y la Inspección de Hacienda.
El próximo jueves, tiene previsto entregar la información de que dispone a la Fiscalía Anticorrupción, para solicitar una investigación por presuntos delitos de "prevaricación", "cohecho" y "negociaciones prohibidas", entre otros.