El PSOE votará en el Parlamento en contra del límite máximo de gasto propuesto por el Gobierno para los presupuestos del año 2018 --lo que se conoce como techo de gasto-- porque su planteamiento reduce "al mínimo" el Estado social, con recortes en las políticas de educación, ciencia, vivienda y protección social que ahondan en una sociedad "más desigual".
La decisión la ha adoptado la Ejecutiva Federal del PSOE en su reunión de este lunes, donde se ha aprobado una resolución en la que argumentan los motivos que están detrás de esta posición, que es la que mantendrá el Grupo Parlamentario Socialista cuando el techo de gasto llegue al Congreso para su aprobación el próximo 11 de julio.
El techo de gasto se elabora a partir de los objetivos de déficit y deuda establecidos por el Ejecutivo y supone la antesala de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. En diciembre de 2017, el PSOE --dirigido entonces por una Gestora-- votó a favor del techo de gasto tras negociar con el PP una serie de concesiones, entre ellas la subida de un ocho por ciento del Salario Mínimo Interprofesional y una flexibilización de los objetivos de déficit para las Comunidades Autónomas.
En rueda de prensa para explicar la nueva posición del PSOE, el presidente de Extremadura y del Consejo de Política Federal de la formación, Guillermo Fernández Vara, ha acusado al Gobierno de no haber dado la mínima muestra de querer negociar con el PSOE, a diferencia del año anterior.
De hecho, ha llegado a decir que "si hubiera habido una disposición a intentar buscar acercamientos que permitieran que los ajustes se hagan por la parte de los ingresos y no de los gastos, se podría haber hablado". En cambio, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, que ha comparecido junto a Fernández Vara, ha preferido no hablar sobre una situación "que no se ha dado y es muy probable que ni se diera", si bien ha asegurado que el PSOE "no tiene complejos" de pactar con el PP "sobre contenidos", como ha demostrado cuando ha ofrecido pactos de Estado a los 'populares'.
Los socialistas justifican su voto en contra al considerar que la subida del techo de gasto de un 1,5% para 2018 se queda muy corta para un crecimiento estimado del PIB nominal del 4,5%. Las pensiones sólo aumentarán un 0,25% cuando la inflación será del 2% y el salario de los empleados públicos crecerá un 1 por ciento, mientras que la protección del desempleo "seguirá retrocediendo", denuncia el PSOE.
"No se puede cuadrar las cuentas descuadrando la vida de las personas", ha alertado Fernández Vara, porque ajustando sólo por el gasto llegará un momento en que "las costuras no aguanten más".
LA REFORMA FISCAL DEL PSOE
Los socialistas defienden la posibilidad de reducir el déficit aumentando los ingresos públicos. En concreto, proponen una reforma fiscal que afronte la distancia de ocho puntos que separa hoy a España de la media de la UE en términos de ingresos públicos. "El problema que tenemos en España con el déficit es un problema de ingresos y no de gasto excesivo", ha asegurado el secretario de Economía del PSOE, Manuel Escudero.
La reforma fiscal que defiende el PSOE, ha avanzado, ampliaría la base impositiva e introduciría una mayor progresivivad. "Lo que no se va a hacer es penalizar más a las clases medias y trabajadoras", ha adelantado Escudero, que aboga por avanzar en la homogeneización del tratamiento de las rentas de capital con respecto a las rentas del trabajo, lo que afectaría al 10 por ciento de los más ricos de este país, y establecer un impuesto mínimo de Sociedades del 15% para los 3.000 grupos empresariales que hay en España, y que suponen solo el dos por ciento de las empresas en todo el país.
Los socialistas votarán también en contra del techo de gasto porque consideran que el esfuerzo de reducción del déficit descansa sobre todo en las autonomías y "ahoga" a los ayuntamientos, a los que no se les permite gastar el superávit logrado para que compensen en parte el déficit de la Seguridad Social.
En definitiva, con el país creciendo al 3 por ciento, los socialistas no entienden que los beneficios de ese crecimiento "sólo contribuyan a la precarización del empleo y de las condiciones de vida de los españoles", ha resumido Abalos.