En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, cree necesario adoptar esta medida ante "la necesidad de practicar numerosas diligencias de investigación que necesariamente van a dilatarse en el tiempo".
Concretamente, se refiere al examen de la abundante documentación y, en especial, a que la juez está pendiente de una comisión rogatoria de Andorra sobre información bancaria de la familia que todavía no ha sido entregada y a que falta que se resuelva un recurso para determinar si finalmente esta causa debe acumularse a la que investiga la Audiencia Nacional.
En este procedimiento, la juez de Barcelona investiga por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales al expresidente Jordi Pujol, a su mujer, Marta Ferrusola, y a cuatro de sus hijos: Jordi, Marta, Mireia y Pere Pujol Ferrusola; todos ellos defienden que la fortuna que ocultaron tiene su origen en un legado del padre del expresidente.
La reforma legislativa del Gobierno de Mariano Rajoy estableció que la instrucción de las causas deben tener un límite de seis meses desde la fecha de incoación del sumario pero que, como excepción, los jueces pueden declararlas complejas y alargarlas, de reunir determinados requisitos.
En este caso, la juez contabilizará los 18 meses a partir del 6 de diciembre de 2015, día en que entró en vigor la ley.