Así lo ha manifestado el fiscal general en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, donde se ha referido a los supuestos en los que las pruebas de la vinculación de un partido o una candidatura con ETA, en alusión a ANV, se obtienen después de las elecciones, cuando "ya no es viable ni eficaz la impugnación en sede judicial".
Conde-Pumpido ha afirmado que esa reforma de la Ley de Régimen Local sería una "posible y sencilla" solución legislativa y la "única constitucionalmente viable".
Dicha reforma es una de las medidas que el Gobierno barajó antes de las últimas elecciones celebradas en el País Vasco, cuando la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega aseguró al inicio de la campaña electoral que el Ejecutivo trabajaba ya en la búsqueda de una fórmula para impedir que una organización ilegalizada pueda gobernar en las alcaldías.
En su comparecencia en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, el fiscal general ha defendido la labor desarrollada por los fiscales de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, y el fiscal del Tribunal Constitucional, Juan Cesáreo Iñigo Ortiz Úrculo.
Según ha dicho, el esfuerzo de estos fiscales en los procesos de impugnación de candidaturas de la izquierda abertzale ha "cuajado" pese a que su escrupulosa actuación jurídica ha sido descalificada bajo acusaciones de instrumentalización política "profundamente ofensivas".