Así lo ha acordado el juez mediante un auto con el que ordena instruir diligencias previas sobre el caso y llama a declarar a los consejeros de Emaya, a cuya cabeza se encuentra Andreu Garau, quien comparte la presidencia de la empresa pública con el cargo de teniente alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento.
El origen de la querella está relacionado con la ejecución indebida por parte de Emaya, el pasado mes de julio, de un aval por valor de 240.240 euros que debería haber devuelto a Envac hace ocho años y que la empresa municipal ha mantenido "cautivo indefinidamente sin ninguna justificación, vulnerando las exigencias más elementales de la buena fe contractual", según detalla la querella.
Todo ello, según los querellantes, ha supuesto "un retraso desleal, abusivo y arbitrario en el ejercicio de un derecho". En concreto, los hechos se remontan al año 1998, cuando las empresas Envac (entonces Centralsug, S.A. y Dragados y Construcciones, S.A.), constituidas en UTE, resultaron adjudicatarias del proyecto de sistema de recogida neumática de residuos sólidos urbanos de Palma, licitado por Emaya.
El contrato de ejecución incluía entre sus cláusulas la constitución por parte de la UTE de una fianza por valor del 4 por ciento del importe de adjudicación (cubierta a razón de un 2 por ciento por cada empresa), que debía ser devuelta en el plazo de un mes desde la recepción definitiva de las obras.
Esta recepción definitiva de las obras, certificada legalmente por EMAYA, se produjo el 1 de febrero y el 1 de marzo de 2006, lo que implicaba que un mes después debía haber devuelta la garantía. Lejos de cumplir con esta exigencia legal, señala la querella, Emaya mantuvo indebidamente en su poder ocho años el aval y decidió ejecutarlo el pasado mes de julio, incorporando la cantidad reconocida en la garantía a su propio patrimonio.
Según se especificaba en el contrato de adjudicación, esta garantía financiera estaba única y exclusivamente destinada a cubrir responsabilidades de Envac y Urbaser durante la ejecución de las obras, y no guarda ninguna relación con el estado actual de la instalación.
Por su parte, Emaya responsabiliza a las dos empresas por los presuntos daños y perjuicios generados por una serie de deficiencias surgidas en los últimos años durante los cuales la operación y mantenimiento de la instalación era ejecutada directamente por la propia sociedad municipal.