Mediante una nueva providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Carmen González, ha dado un paso más en el marco de estas pesquisas, centradas, entre otros hechos, en un supuesto fraccionamiento de contratos para que éstos pudieran ser adjudicados de forma directa, lo que, según los investigadores, reviste características de una supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.
En concreto, la jueza ha oficiado al Consistorio que certifique la relación de ingresos y gastos recibidos y realizados, respectivamente, por la Corporación local entre 2002 y 2004 en relación a Radio Calvià, y que informe sobre si entre 2002 y la actualidad el Ayuntamiento se ha hecho cargo de todos los gastos materiales para el funcionamiento de la emisora.
Asimismo, reclama que la Administración municipal remita los expedientes completos de contratación originales de Radio Calvià durante los años 2002 y 2003 o si el propio Consistorio asumió directamente la contratación la contratación de personal para la radio. Mientras tanto, ha oficiado a la Guardia Civil para que estudie e informe acerca de si de los expedientes investigados pueden derivarse indicios delictivos.
Las diligencias fueron incoadas en virtud de la querella interpuesta por el Grupo Municipal Socialista de Calvià, representado por el abogado Pablo Alonso de Caso, que también va dirigida contra el actual primer edil del Consistorio 'calvianer', Manuel Onieva; la exresponsable de comunicación en el Ayuntamiento y actual jefa de prensa de Delgado, María José Merino; la periodista y exadjudicataria Antonia Pastrana y el último concesionario del servicio de la emisora local, Fernando López.