El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciará el lunes desde Béjar (Salamanca) los pasos que va a dar su Ejecutivo ante la moción independentista de Junts pel Sí y la CUP que prevé aprobar ese mismo día el Parlamento catalán.
Rajoy, que dará un paseo por la localidad antes del acto de campaña que ha organizado el PP, aprovechará su intervención para dejar claro una vez más que su Ejecutivo va a impedir que ese resolución soberanista salga adelante.
El foco mediático estará puesto en las palabras del presidente porque previsiblemente detallará los pasos jurídicos que va a seguir a su Gobierno a partir de lunes, una vez aprobado el texto por el Parlamento catalán.
El propio Rajoy ya ha indicado que si se aprueba esa declaración independentista la recurrirá "al día siguiente o a los dos días". Además, se ha comprometido a mantener un diálogo político con todas las fuerzas políticas, o al menos con las principales, para ir trasladándoles las medidas que vaya a tomar el Gobierno.
El jefe del Ejecutivo ha insistido estos días que "el Estado tiene instrumentos suficientes para evitar que se pueda cometer un disparate como el que algunos están planteando" en Cataluña y ha recalcado que defenderá "la unidad nacional, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles y el cumplimiento de la ley".
CONSEJO DE ESTADO Y REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS
En principio, fuentes gubernamentales apuntan a que podría celebrarse un Consejo de Ministros el mismo martes 10 de noviembre para dar luz verde a la interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional.
Previamente, se reunirá la Comisión Permanente del Consejo de Estado que preside el exministro José Manuel Romay Beccaría, que debe informar de forma preceptiva sobre ese recurso, han indicado las mismas fuentes consultadas.
El Gobierno actuará en todo momento asesorado por los Servicios Jurídicos del Estado. El mismo día que Junts pel Sí y la CUP registraron su resolución independentista en el Parlamento catalán, el Departamento que dirige Soraya Sáenz de Santamaría encargó informes a los Servicios Jurídicos del Estado para estudiar todas las posibilidades de actuación.