Así consta en la declaración íntegra, a la que ha tenido acceso Europa Press, que Rato prestó en calidad de imputado ante el juez en el marco de la pieza separada que investiga el uso de 'tarjetas B' adjudicadas a 86 consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia con las que gastaron 15,5 millones de euros.
Al ser preguntado por el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón si recuerda la transferencia que recibió en el año 2011 por valor de seis millones de euros del banco de inversión Lazard, donde trabajó hasta que desembarcó en Caja Madrid, Rato respondió que "perfectamente" y explicó que se trataba de un contrato firmado en 2008 con esta compañía por su trabajo allí hasta su salida en enero de 2010.
"Eran una acciones que tenían un vencimiento no sé si en 2012 o 2011 y eran unos derechos sobre unas acciones que no podía cobrar hasta que vencieran", indicó, para agregar que ello forma parte de sus relaciones con Lazard antes de entrar en la presidencia de la caja madrileña.
"Lo cobro cuando los derechos pasan de ser derechos a acciones. Los derechos los tenía en 2008 pero no los podía cobrar creo que hasta el 2011", afirma en el único momento de su declaración, de más de una hora, que hace referencia a este hecho.
DENUNCIA DEL FROB
El escándalo fue conocido después de que Bankia trasladara a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un informe y un CD con el detalle de movimientos bancarios que este organismo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción.
El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, judicializó el asunto el pasado 24 de septiembre al trasladar a la Audiencia Nacional las diligencias que había abierto a comienzos de mes por posibles delito societario de administración desleal y apropiación indebida.
El juez Fernando Andreu, que asumió estos hechos al instruir el 'caso Bankia', preguntó al Banco de España si conocía la existencia de estas tarjetas y le pidió que, en el marco del informe pericial que está realizando sobre las prácticas en la entidad, analice si su uso puede constituir un delito de administración desleal.