La reforma laboral del Gobierno del PP cumple su primer año de vigencia entre críticas por los altos niveles de paro y de destrucción de empleo que registra la economía española.
En febrero de 2012 el Ejecutivo aprobaba en Consejo de Ministros una reforma del mercado laboral, sin acuerdo de los agentes sociales, cuyo principal objetivo era, según el Gobierno, frenar la destrucción de empleo ofreciendo a las empresas más instrumentos para flexibilizar las condiciones laborales y evitar así los despidos.