Así se han pronunciado ante el magistrado los primeros de los 27 imputados que están citados a declarar, entre este lunes y martes, por delitos de colaboración con organización terrorista, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes en la causa en la que se investiga el vaciamiento patrimonial llevado a cabo por PCTV-EHAK y su grupo parlamentario Ezker Abertzalea Legebiltzar Taldea (EALT) entre octubre y diciembre de 2007.
Los comparecientes han atribuido los traspasos de dinero, que oscilaban entre los 8.000 hasta los 69.000, a los servicios que prestaron a dichas formaciones y han incidido en que los pagos son legales y están justificados.
En el auto de imputación, al que ha tenido acceso Europa Press, De la Mata acusa a los responsables económicos de estas estructuras y a los beneficiarios de los pagos de propiciar su "vaciamiento patrimonial con el único fin de favorecer los intereses económicos del conjunto" ante una eventual decisión judicial de suspender sus actividades o adoptar medidas cautelares contra sus bienes y activos.
A su juicio, llama la atención el hecho de que las operaciones se produjeran pocos días después de que el entonces juez Baltasar Garzón ordenara la entrada y registro de la sede del PCTV, que tuvo lugar el 4 de octubre de 2007 en Usúrbil (Guipúzcoa), y resalta que se trataba de una operatoria "desconocida" hasta entonces.
UNA CAJA ÚNICA
Además, pone de manifiesto que las investigaciones apuntan a una "unidad de acción" en el ámbito económico-financiero por parte de "PCTV/EHAK-ANV/EAE-Batasuna" y a la "implantación de una caja única o común" para su sostenimiento, de la que indiciariamente los recursos financieros investigados "con seguridad formaban parte".
El magistrado sitúa como responsables económicos del partido en el momento de los hechos al tesorero de PCTV Jesús María Aguirre y a la apoderada Sonia Jacinto; mientras que Karmele Berasategui Juguera era tesorera del grupo EALT en el Parlamento Vasco y Miren Nekane Erausquin figuraba como apoderada en otra de sus cuentas y Alazne Arocena también habría efectuado transferencias.
La defensa, ejercida por el abogado Aiert Larralde, denunció la pasada semana el tiempo en el que esta causa ha estado "parada" en la Audiencia Nacional desde 2007, mientras que varios de los imputados tacharon su citación como como un "juicio político".
Las 27 personas imputadas son Marcelo Álvarez Suárez, José Ángel Amaro, Elisabet Zubiaga San José, Urko Ayarza Azurza, Gorka Elejabarrieta Díaz, Jon Andoni Lecue Eguren, Xabier Philipe Larralde, Zigor Gogeascoechea Arronategui, Jean Claude Aguerre, Giuliano Girolano Cavaterra, Patricia Martinón, Gregorio Jimenes Morales, Idoya Ayustui Aguirregabiria, Mikel Aznar Ares, Ainhoa Landaberea Torremocha, Imanol Nieto Casanueva, Nerea Goikoetxea Aizpurua, Eider Imaz Arrate, Asier Coloma Ugartemendia, Hodei Egaña Díez-Picazo, Miguel Lejarza Mendia, Arkaitz Rodriguez Torres, Iñaki Carlos Inchusta, Joseba Iñaki Lizarbe Arista, Asier Altuna Epelde, Fernando Gaztelu García, y Juan Carlos Tapia Gozalo.