La Fiscalía solicita para Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega una pena de 20 años de cárcel, y para Antón Santos Pérez y María Osorio López una de 12 años de prisión, por delitos de integración en organización terrorista y falsificación de documento oficial con finalidad terrorista, así como tenencia de aparatos explosivos en los casos de Vigo Domínguez y Rodríguez Fiallega.
En su alegato final, el abogado defensor de Eduardo Vigo y Roberto Rodríguez también ha la "violación de derechos fundamentales" a lo lardo del plenario y, entre ellos, el derecho a la defensa de sus clientes, al entender que se ha vulnerado el "principio de contradicción, el derecho a un juicio justo e imparcial", así como la igualdad de armas.
En este sentido, ha denunciado que a lo largo del proceso no a podido hacer "ni una sola pregunta" a los peritos de inteligencia propuestos por la defensa y ha agregado que "ninguna cuestión se pudo plantear" a varios de los peritos del fiscal, por lo que ha solicitado que sus informes no sean tenidos en cuenta.
En relación con las pruebas relacionadas con la Operación Castiñeira aportadas por el fiscal Marcelo de Azcárraga, la defensa de Eduardo Vigo y de Roberto Rodríguez ha planteado: "¿A qué viene ahora que se nos diga que en 2005 se incautaron 30.000 no sé qué pruebas y ahora se presenten aquí? ¿Cómo prueba de qué? Aquello ya fue investigado y se llegó a las conclusiones que se llegaron".