En la jornada 'Problemas de una nación', organizada por Alianza Estudiantil en la Universidad Carlos III de Madrid, Rivera ha asegurado que el actual modelo autonómico "no es sostenible" debido a que se ha dividido como resultado de haber cedido competencias "a golpe de pacto".
Así, el líder de Ciudadanos ha denunciado que el Estado Autonómico se haya hecho para favorecer a los dos grandes partidos políticos y se ha mostrado partidario de eliminar duplicidades administrativas siempre y cuando, ha apostillado, se haga desde la "lealtad constitucional".
"Hemos construido un frankenstein a trozos. Por un lado, como el monstruo, tiene buenos propósitos pero también puede acabar matando", ha comentado Rivera para insistir en la necesidad de modificar el modelo autonómico para que, a la vez de estar descentralizado, sea "sostenible". "Hay que conseguir crear una España descrentralizada compuesta únicamente por el Estado, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos", ha subrayado.
Dicho esto, el presidente de Ciudadanos ha instado al PP y al PSOE a reformar la Ley Electoral para "desbloquear" las listas y poner "en el eje de la política" a los ciudadanos. A su juicio, es necesario que las formaciones políticas realicen un proceso de primarias para elegir a sus candidatos ya que, en la actualidad, "cualquier asociación de vecinos" es ya "más democrática" que cualquier partido político.
"Hay que quitar poder a las cúpulas, dar más transparencia a los partidos, desbloquear las listas y hacer un sistema que obligue a los partidos a ser más democráticos. Con la actual ley no es posible que los partidos minoritarios nos convirtamos en una alternativa real y potente", ha destacado para asegurar que eso se conseguiría si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, se dieran "la mano" para llevar a cabo esas reformas.
Por último, Rivera se ha mostrado partidario de reformar el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Tribunal Constitucional (TC) y del Ministerio Fiscal para que dejen de ser designados por los partidos políticos y pasen a ser elegidos por los propios jueces o profesionales de la abogacía.