El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye la investigación judicial sobre la trama de corrupción 'Gürtel', ha cursado un total de 25 comisiones rogatorias en los seis primeros meses de este año, 14 de las cuales tuvieron como objetivo la petición de información a las autoridades de Suiza.
Así consta en la Memoria de Actividades de la Audiencia Nacional correspondiente a 2012, que revela que el macrosumario en el que se investigan las prebendas que las empresas de Francisco Correa ofrecían a excargos del Partido Popular (PP) en Madrid y Valencia a cambio de la adjudicación de contratos públicos cuenta con 2.203 tomos de actuaciones y más de un centenar de imputados.
Además de las peticiones dirigidas a Suiza, que revelaron que el extesorero del PP llegó a acumular en 2007 en dos bancos de Ginebra un total de 47 millones de euros, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha cursado cuatro comisiones rogatorias a Estados Unidos, tres a Argentina, dos a Mónaco y otras dos a Reino Unido.
El magistrado, las fiscales Anticorrupción Miriam Segura y Concha Sabadell y los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional también siguen el rastro del dinero de los imputados en 'Gürtel' en Marruecos, Argentina y paraísos fiscales como Gibraltar, Curaçao, Panamá y las islas de Nevis o Man.
LA CORRUPCIÓN, EN LA "NATURALEZA HUMANA"
La Memoria de la Audiencia Nacional también destaca en su introducción la "necesidad imperiosa" de erradicar la corrupción "en la medida de lo posible, aunque fatalmente nunca desaparezca del todo al ser inherente a la condición humana".
"La corrupción incide negativamente en la economía, produce desmoralización en la sociedad, más aún en momentos como los que vivimos de profunda crisis económica, y, sobre todo, mina el prestigio de las instituciones y, consecuentemente, la confianza de los ciudadanos", señala el tribunal antes de apuntar que este problema se ha convertido, según las encuestas más recientes, en "uno de los que más preocupan a los españoles".
Tras apuntar que este tipo de prácticas constituyen "una amenaza extremadamente grave y potencialmente fatal para el buen funcionamiento de las Instituciones", la Audiencia Nacional destaca que la Ley de Transparencia es "un instrumento imprescindible para luchar contra esta lacra de las sociedades modernas desarrolladas".
Desde el punto de vista jurídico se destaca la necesidad de que un solo tribunal lleve a cabo la instrucción y el enjuiciamiento de estas formas de delincuencia. "El caso de los controladores aéreos es clarificador de cuanto decimos. ¿Se sabe algo de las causas abiertas a los controladores aéreos? ¿No es más práctico y, por tanto, más eficaz que desde el principio investigue un solo juez especializado, cuya jurisdicción se extienda a todo el territorio nacional?", se pregunta la Memoria.