En un auto en el que el magistrado transforma las diligencias en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, el juez da el paso previo para sentar en el banquillo de los acusados a estos dos exdirectivos y archiva la causa contra otros siete imputados por no encontrar indicios de delito en su actuación.
En su auto, en el que describe todas las operaciones y los perjuicios económicos causados en la caja castellano-manchega, la primera en ser intervenida en marzo de 2009, Ruz considera indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de captación del crédito en los que se constata "una notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación".