La sala resolverá el incidente de recusación instruido por el juez Eduardo Urbano, el único juez del tribunal que no había sido recusado por Silva. El instructor ha recabado los informes en contra del fiscal jefe del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), Manuel Moix, las acusaciones, así como de los magistrados Arturo Beltrán y María Tardón, cuya imparcialidad ha sido puesta en entredicho por el acusado.
La denominación de la Sala obedece al artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que le encarga el papel de conocer sobre las recusaciones planteadas contra el presidente de un Tribunal Superior de Justicia, los presidentes de Sala, de Audiencias Provinciales o magistrados de esta última instancia.
El tribunal formado para juzgar a Silva ha estado presidido por el actual presidente de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, Arturo Beltrán, y a él se han sumado los magistrados Eduardo Urbano, quien desempeña diariamente sus funciones en la Sección Segunda; y María Tardón, presidenta de la Sección 27 de la Audiencia de Madrid.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid formó una nueva sala, después de que Silva lograra apartar a los magistrados Susana Polo y Francisco Javier Vieira al ver comprometida su imparcialidad por haber intervenido en fase de instrucción.
RECUSACIÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL Y UNA MAGISTRADA
Ahora, el que fuera instructor del 'caso Blesa' también ha solicitado que se aparten del tribunal los magistrados Arturo Beltrán, por no aceptar la renuncia de su abogado Cándido Conde-Pumpido y por permitir la presencia en el tribunal de la magistrada María Tardón, quien había formado parte de la Asamblea General de Caja Madrid. A ambos les recusó y además demandó en un juzgado de Madrid.
El ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y el exjefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán se han opuesto a esa petición al entender que se trata de un "nuevo fraude inadmisible" del acusado para "dilatar al máximo" su juicio por presunta prevaricación en el 'caso Blesa', una idea compartida por la Fiscalía.
La recusación formulada por Silva permitió retrasar el juicio, en el que se enfrenta a una petición fiscal de 30 años de inhabilitación por delitos de prevaricación, retardo malicioso contra la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. Díaz Ferrán solicita que sea retirado de la Carrera durante 24 años, mientras que el exbanquero reclama una pena de 40 años de inhabilitación.
Pedía inicialmente tres años más de inhabilitación por revelación de secretos, pero el instructor rechazó incluir este ilícito ya que Silva no había podido defenderse al no haberse formulado antes. En todo caso, Blesa se reserva la posibilidad de ejercer acciones civiles concluido el proceso penal.