El magistrado ha pedido, en concreto, las identidades de los responsables de la Unidad de Control-División de Costes y Medios y del Área de Operaciones y Servicios. Moreno responde de este modo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se cite a declarar como imputados a ambos cargos.
El juez investiga la querella presentada en febrero de 2014 por 90 clientes del Santander que acusaban a la entidad de comercializar el producto como si fuera seguro y con funcionamiento similar a un plazo fijo cuando realmente se trataba de la adquisición de "obligaciones convertibles" que impedían al comprador "recuperar el capital invertido".
Moreno archivó la querella en contra del criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que defendía que existían indicios de la comisión de un delito de defraudación que afectaba a personas de todo el territorio nacional. La Sección Cuarta le ordenó el pasado mes de junio admitir la demanda al sospechar que el banco podría no haber suministrado "convenientemente la oportuna información sobre el producto" a los clientes que lo adquirieron.
Los magistrados de la Sala apuntaban que "es sostenible pensar" que varios de los suscriptores del producto "no estuvieran por la labor de convertir sus ahorros, planes de pensiones, depósitos o imposiciones a plazo fijo en unas acciones ordinarias de nueva emisión del banco".
Se referían, en concreto, a varios octogenarios que figuran entre los clientes compradores de estos valores y dicen que es difícil pensar que quisieran suscribir un producto especulativo sino rentabilizar un dinero a plazo fijo que fue lo que se les ofreció.