Los abogados de un sargento imputado por la muerte del vecino del barrio barcelonés del Raval Juan Andrés Benítez en octubre de 2013, tras una reducción policial, ha alegado en su escrito de defensa que "en ningún momento" golpeó a la víctima ni vio que lo hicieran ninguno de los otros siete mossos d'Esquadra acusados.
En el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados defienden que el sargento se acercó a ayudar a sus compañeros que eran incapaces de reducir al detenido porque "se estaba oponiendo violentamente, ofreciendo una intensa resistencia, y llegando a ejercer violencia activa (mediante golpes aleatorios con codos, brazos y piernas)".
Consideran que, cuando Benítez ya estaba boca abajo, el sargento "ayudó a otro compañero a cogerle del brazo para conducirlo hacia atrás a fin de poderle poner las esposas en la espalda".
"Pudo percibir la potente musculatura de su brazo y la intensa fuerza que ejercía el señor Benítez, cómo este se hallaba fuera de sí, gritaba y gemía con rabia, agitaba de forma violenta los brazos y se golpeaba la cabeza contra el suelo", relata su defensa.
En resumen, insisten en que el sargento "se limitó a ayudar a sus compañeros para acabar de esposar" a Benítez y que no vio nada que le hiciera sospechar que algunos de sus compañeros se estuviera extralimitando en el uso de la fuerza y actuó confiado en que el resto de mossos hacía lo correcto.
Dicen que fue con posterioridad, cuando vio las imágenes, que pudo saber que cuando se incorporó a ayudar a los compañeros "se propinaron diversos golpes de distracción al señor Benítez en extremidades superiores e inferiores".
Los abogados del sargento suscriben también los argumentos de la defensa de otros cuatro agentes que alegaron en su escrito que los mossos habían actuado "tal y como consta en el manual de formación"
La tesis de la Fiscalía de Barcelona es contraria: aunque no tenían intención de matarlo, "colocaron a la víctima en una clara situación de riego y peligro que podía desembocar en su fallecimiento, conociendo por tanto, que este resultado podía producirse", y por eso pidió once años de cárcel para seis de los agentes.
"ABERRACIÓN JURÍDICA"
Los abogados del sargento también alertan de que si se confirma que el caso se tramita por la vía del jurado popular, "se estaría cometiendo no solo una aberración jurídica, sino una grave imprudencia con efectos muy peligrosos".
Y es que sostienen que "no va a resultar nada fácil que un grupo de ciudadanos comprenda en toda su dimensión las implicaciones jurídicas inherentes a la complejidad fáctica del caso".
Concretan que el impacto mediático, las tergiversaciones a las que se presta y el efecto contra-intuitivo "que producen las imágenes extraídas de contexto, hacen enormemente difícil un juicio objetivo sobre un hecho en el que concurren cuestiones técnicas sumamente difíciles de abordar sin conocimientos jurídico-penales altamente sofisticados".