El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha manifestado este viernes su "rotunda oposición" a cualquier medida de "copago" en la Administración de Justicia a través de la implantación de tasas, tal y como planteo esta semana el Consejero de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Jorge Cabré.
Los secretarios judiciales rechazan que se pretenda culpar públicamente a los ciudadanos de la tradicional falta de eficacia de la justicia, así como que se proponga hacer recaer sobre los mismos el coste económico de una supuesta agilización.
"El ciudadano ante la justicia ha de ser el usuario de un servicio público, y el acceso a este servicio no puede hacerse depender de la capacidad económica individual", ha señalado el SISEJ mediante un comunicado en el que añade que la garantía de la igualdad en este acceso, y la responsabilidad de ello corresponde precisamente a los poderes públicos.
"Consideramos que este tipo de iniciativas constituyen un ataque flagrante al estado de bienestar y al principio de igualdad en el acceso a los servicios públicos", añade el comunicado, que critica igualmente que desde un determinado sector de la judicatura se haya participado de modo entusiasta en la defensa de esta idea, en relación con el apoyo a la medida manifestado desde la Asociación Profesional de la Magistratura.
A juicio del SISEJ, todos los operadores jurídico son conscientes de que la "Justicia no empezará a ser moderna y eficaz mientras no se culmine la transformación organizativa de la misma que debe suponer la implantación de la Oficina Judicial, y se coloque por encima de otros intereses la satisfacción de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, sin distinciones en función de su capacidad económica o de cualquier otro tipo".