El vicepresidente de la Cámara Alta, Pedro Sanz, ha explicado que el Senado tiene "una gran actividad parlamentaria" a pesar de que no se ha constituido aún el gobierno tras las elecciones de diciembre y ha cifrado entre 2.500 y 3.000 las iniciativas de todo tipo que se han registrado ya.
Se trata de preguntas, mociones, proposiciones no de ley y de ley, solicitudes de comparecencia o convenios entre gobiernos, estos últimos, de aprobación obligada en el Pleno del Senado para que puedan entrar en vigor. El orden del día no se fijará hasta la semana que viene, una vez que el día 8 se reúna la Junta de Portavoces. Es posible que también se convoquen varias comisiones.
SIN NOVEDADES SOBRE RITA BARBERÁ
Sanz ha explicado además que la Mesa del Senado ha recibido el "acuse de recibo" del Tribunal Supremo sobre la petición de información remitida por el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia sobre Rita Barberá.
Se le preguntaba si la senadora efectivamente lo es, si está aforada, y el Senado remitió el asunto al TS para que éste respondiera. "Nos ha manifestado que era el trámite adecuado que hay que hacer cuando se producen hechos de esta naturaleza", ha añadido el vicepresidente.
No hay por tanto novedades sobre el asunto de la ex alcaldesa de Valencia. El Supremo ya certificó que Barberá está aforada y será ahora el zigado juzgado valenciano el que dé o no algún paso.
EL SUPREMO, A LA ESPERA
El que sí se debatirá en el Pleno del día 15 es el suplicatorio sobre Iñaki Goioaga. La Comisión correspondiente lo estudiará este jueves, en una sesión en la que podrá comparecer el senador vasco para explicarse, y hará una propuesta para su votación definitiva en el Pleno, que será además secreta.
El procedimiento contra Goioaga, que es senador autonómico elegido por el Parlamento Vasco, se abrió el pasado 20 de septiembre en el Supremo a petición de la Audiencia Nacional. En la exposición razonada que remitió el juez instructor, Eloy Velasco, éste destacaba que el miembro de Bildu estaba integrado, "con especial relevancia", en una estructura del frente de cárceles formada por abogados que, "aprovechando su actividad profesional de asistencia letrada, ejercen sus funciones de acuerdo a las directrices de la organización terrorista" ETA.