El sindicato asegura en un comunicado tener "representación e implantación" en las entidades en las que se han producido los hechos objeto del procedimiento y apunta que los trabajadores han resultado "perjudicados" por las actividades que desarrollaron los altos cargos de la entidad.
CGT señala que durante la instrucción ha tratado de personarse en la causa aunque le fue imposible cuando se le exigió una fianza de 20.000 euros y la misma representación y defensa que el querellante originario.
No obstante, considera que las circunstancias procesales han cambiado en la medida en que han aparecido hechos inicialmente no incluidos en la querella, como las posibles actividades delictivas respecto de productos preferentes y/o subordinados o los gastos realizados por medio de las denominadas como tarjetas opacas.
Para tratar de reunir la fianza que le fue impuesta el sindicato lanzará una campaña de 'crowdfunding', al tiempo que solicitará la posibilidad de contar una dirección letrada propia en el procedimiento.