El fiscal superior andaluz alerta del importante déficit existente en el control administrativo de los fondos públicos

García Calderón, que ha presentado en el Parlamento andaluz la memoria de su departamento correspondiente al pasado año 2011, ha dicho a los periodistas que, de manera progresiva hasta hacerse especialmente constatable el pasado año, "han aparecido formas delictivas muy graves vinculadas con el manejo de fondos públicos".

Así, ha detallado que la Fiscalía "ha tenido el deber de trasladar a los juzgados en distintas provincias investigaciones que afectan a distintos aspectos de la función pública", investigaciones en las que "apreciamos la necesidad de establecer controles administrativos más rigurosos, porque la falta de control provoca que, en ocasiones, puedan existir conductas delictivas que tienen que ser erradicadas en una situación como la actual, con una crisis económica creciente".

Al hilo de ello, García Calderón ha señalado a los medios de comunicación que estas investigaciones afectan tanto a las subvenciones otorgadas por la Consejería de Empleo y, en concreto, el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, como a aquellos fondos públicos "que tenían que destinarse a combatir el desempleo o a fortalecer el tejido empresarial", aunque "también hay otras partidas presupuestarias en las que se han iniciado investigaciones".

"Hay un déficit importante en el control administrativo previo y en la existencia de órganos de fiscalización y de control externo, que deben de existir, no han existido y han llevado a este fenómeno, pero confiamos en que en el futuro se puedan corregir", ha aseverado el fiscal superior antes de su intervención en la comisión de Justicia e Interior.

DEL URBANISMO A LA FALTA DE CONTROL EN LOS FONDOS PÚBLICOS

Asimismo, y desde el punto de vista cualitativo, ha explicado que, "hace años, las formas de corrupción se centraban en la administración local y estaban relacionadas con el urbanismo", pero no obstante "ha habido un cambio de tendencia", apareciendo "nuevas formas de corrupción que se vinculan con la gestión de fondos públicos debido a la escasez de control previo".

Ya en la comisión parlamentaria, García Calderón ha tachado de "muy preocupante" la aparición de nuevas formas de criminalidad y ha dicho que los controles de intervención internos y externos "tienen que ser fortalecidos e intensificados" de cara a "evitar la aparición de nuevos fenómenos de corrupción".

Además, ha aseverado que, en relación a las formas de corrupción pública, el esclarecimiento del hecho delictivo debe ir dirigido a coger a los culpables y, en paralelo, "a recuperar esas cantidades de dinero que han sido sustraídas de manera ilícita a todos los ciudadanos y que deben volver al lugar del que nunca debieron salir".

También ha llamado la atención sobre otro fenómeno criminal "de gran importancia", como es el tráfico de seres humanos, que "es casi un fenómeno endémico" y que "no es estático, sino que se va modificando". "Es una forma de crimen organizado muy desarrollada y que rinde grandes beneficios, que afecta también al menor", por lo que, a su juicio, "requiere de una cooperación institucional y transfronteriza".

APUESTA POR DESPENALIZAR LOS JUICIOS DE FALTAS

Desde un punto de vista cuantitativo, el fiscal superior de Andalucía ha indicado que el número de diligencias previas incoadas a lo largo de 2011 en los distintos juzgados andaluces --un millón-- ha sufrido un incremento "muy pequeño" respecto al año 2010, precisando que este "ligero" aumento "se debe más a ajustes del registro que a una evolución real de la criminalidad".

Tras señalar que este dato "pone de manifiesto el volumen de asuntos que entran en los juzgados, el volumen global de trabajo", García Calderón ha indicado que, en España, se incoaron en 2011 unos cuatro millones de diligencias previas, de manera que "el 25 por ciento del papel que maneja los juzgados se ventila en Andalucía", lo que supone "una enorme carga burocrática y un problema de muchísima envergadura".

Por este motivo, el fiscal superior ha insistido en la necesidad de despenalizar las faltas buscando otras alternativas, ya que en Andalucía se celebran unos 600 juicios de faltas diarios, lo que conlleva "un problema" en la ejecución de los mismos.

LOS JUICIOS RÁPIDOS, PROS Y CONTRAS

Junto al número de diligencias previas incoadas, la Fiscalía realizó en 2011 un total de 58.322 escritos de acusación, destacando el primer puesto de Sevilla, una cifra que dio lugar al dictado de unas 57.000 sentencias, de las que más de 23.000 fueron de conformidad, punto en el que ha destacado la importancia del sistema de enjuiciamiento rápido e inmediato.

Así, este sistema ha generado desde su implantación "una enorme cantidad de sentencias con las que se consigue controlar retrasos en la investigación criminal", pero el mismo también tiene su "cara negativa", y es que "se genera un problema con la ejecución de esas sentencias en la oficina judicial, pues los medios materiales y personales actuales no soportan una carga de trabajo de tanta envergadura".

Además, según ha precisado García Calderón, este sistema lleva a un "trato selectivo en algunas formas de investigación criminal".

García Calderón ha mostrado su preocupación por el estado en el que se encuentra la jurisdicción del menor, ya que "el número de expedientes de reforma sigue siendo notable y muy elevado", y ha destacado otros datos, como por ejemplo que el 25 por ciento del trabajo de las fiscalías andaluzas tiene que ver con la seguridad vial.

De otro lado, ha llamado la atención sobre los juicios "de extraordinaria complejidad" celebrados en los últimos tiempos, como el caso Marta del Castillo --que ha tachado de "crimen horrendo"-- o Malaya, señalando que "habría que hacer una reflexión ética" y desarrollar "un marco procesal adecuado" que regule el secreto de sumario, todo ello al tiempo que ha destacado el trabajo de los fiscales destinados a estos casos.