La anulación de la medida de gracia que fue otorgada al conductor 'kamikaze' Ramón Jorge Ríos, condenado a 13 años de cárcel por matar a un joven en Valencia, y con posibilidad de que el Ejecutivo subsane el defecto que ha motivado esta revocación, se suma a otros dos estudiados por el Supremo en los diez años anteriores.
El más reciente se trata del otorgado al que fuera consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los magistrados de la Sala Tercera entendieron que el gabinete socialista se extralimitó al borrar sus antecedentes penales cuando le indultó tras condenarle a tres meses de arresto de inhabilitación por denuncia falsa.
El segundo recurso contra la concesión de un indulto se refería a un asunto de delincuencia común y, en aquella ocasión, se dio la razón al Gobierno y confirmó la prerrogativa.
LA GRAN MAYORÍA CONTRA DENEGACIONES DE INDULTOS
Así pues, la mayoría de asuntos dirimidos por los magistrados han estado relacionados con recursos contra denegaciones de indultos, no contra su concesión por el Ejecutivo.
En lo que respecta a la anulación del indulto para el 'kamikaze' de la AP-7, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado que el Gobierno de momento no ha adoptado ninguna postura en espera de conocer la sentencia que concrete el defecto formal alegado por el Supremo.
Las fuentes consultadas indican que cabe la posibilidad de que el 'kamikaze' interponga un recurso de nulidad o incluso acuda al Tribunal Constitucional. El acusado en principio no debe regresar de forma inmediata a prisión puesto que el Supremo ha dado un plazo de tres meses al Gobierno para decidir si subsana el defecto.