Rosell seguirá siendo aforada, pero ya no ante el Supremo como diputada sino ante el TSJC porque aunque en excedencia conserva la condición de juez.
La cuestión es que, de volver a repetir en las listas de Podemos y salir elegida, Rosell volverá a ser aforada ante el Supremo en tan sólo unas semanas y la causa que se envíe al tribunal de las islas debería retornar a Madrid.
La petición a la Fiscalía se realiza, según han explicado fuentes jurídicas, después de que la propia Rosell haya interesado personalmente el envío de su caso a Canarias una vez disueltas las Cortes al no poder formarse gobierno.
La semana pasada, en el entorno de la aún diputada se anunció a Europa Press que su intención era la de remitir un escrito con pruebas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para rebatir al juez que la sustituyó al frente del Juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba, encargado de elevar un informe al Tribunal Supremo por el se le acusa de actuar irregularmente en el procedimiento contra un empresario que tenía negocios con su pareja sentimental.
Las mismas fuentes señalaban que Rosell esperaba que el Supremo actuara con diligencia para que el TSJC asuma la competencia en esta investigación.
Según las citadas fuentes, el informe del sustituto de Rosell en el juzgado número 8 carece de rigor al ser claramente valorativo con la intención de perjudicar a la que fuera portavoz de Justicia de Podemos en el Congreso. Con este informe esperan que la juez en excedencia no tenga ni siquiera que declarar en sede judicial.
Tras la querella presentada por el exministro José Manuel Soria, el Supremo reclamó al juez sustituto de Rosell en Las Palmas de Gran Canaria que informara sobre la investigación que instruyó la ahora diputada contra el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, con el que su pareja, el periodista Carlos Sosa, negociaba la compra de una emisora de radio por cerca de 300.000 euros.
El juez sustituto advirtió de graves irregularidades y el pasado lunes la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó abrir causa a la diputada de Podemos por los delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso en la administración de justicia.