La Sala de lo Penal del alto tribunal también escuchará a los representantes legales de la Generalitat Valenciana y a la Fiscalía, que solicita más pena para los integrantes de la trama cuyo cabecilla es Augusto César Tauroni. La intervención de Blasco evitó que llegaran a Nicaragua algo más de 1,5 millones de euros para trabajos de agua potable y canalizaciones.
Según a condena impuesta en su día por el tribunal valenciano la mayoría del dinero se destinó a la compra de tres inmuebles y de un garaje en la ciudad de Valencia, así como a acondicionar los mismos hasta su "completo equipamiento", con la instalación de seguros, alarmas, red informática y rótulos, llegando a incluir hasta los elementos más básicos como pueden ser extintores, sellos de caucho, numeradores, tarjetas y pañuelos 'tissues'.
Se trata de la pieza primera del 'caso Cooperación', en la que se juzgaron presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Consejería a la Fundación Cyes, dirigida por Marcial López, en el año 2008.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) estimó en su sentencia que Blasco, quien dirigió diferentes consejerías cuando Francisco Camps era presidente de la Generalitat, cometió un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, por lo que le condena a ocho años de prisión y 20 de inhabilitación.
"COMPLETA ABERRACIÓN"
El tribunal de instancia, que calificó los hechos como una "completa aberración", impuso otras penas a la excúpula del departamento y otros dos empresarios. En concreto, condenó a la ex secretaria general de la Consejería Tina Sanjuán a siete años, seis meses y un día de cárcel, así como a 17 años y medio de inhabilitación; y el exsubsecretario Alexandre Català fue condenado con cuatro años, seis meses y un día de cárcel; al igual que el exjefe del servicio de Cooperación, Marc Llinares.
Por su parte, la condena para el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, fue de tres años de cárcel; al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, de cuatro años de prisión; y para una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás, tres años y seis meses. El único de los procesados que no fue penado cárcel fue el ex director general Josep María Felip, a quien se le han impuesto siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Además, el tribunal condenó a Tauroni, López y Cervera a pagar de forma conjunta y solidaria una indemnización a la Generalitat valenciana por el importe defraudado, es decir, de 1.784.840 euros, y declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Fundación Cyes.
COMPRARON INMUEBLES
Los hechos tuvieron su origen la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación en Nicaragua que convocó Blasco en marzo de 2008, y a las que concurrió la Fundación Cyes por medio de Tauroni. En total, por dos proyectos, la Generalitat otorgó a esta entidad 1,6 millones de euros, de los que solo llegaron a su destino 47.953,34 euros, es decir, menos de 3 por ciento, puesto que el resto se destinó a un "beneficio propio", a la compra de tres inmuebles y de un garaje en Valencia.
Y esto fue posible tras "maniobrarlo" Blasco y Tauroni, según la primera sentencia. El empresario lograba con ello una comisión del 25 por ciento del importe de las subvenciones, sin que conste "bien determinado", por otro lado, qué tipo de compensación recibiría el exconsejero y sus colaboradores.
Para cometer estos delitos, Blasco, quien era consciente de que la fundación no cumplía con los requisitos previos exigidos y que tampoco destinó los fondos a los proyectos, contó con la colaboración de su anterior equipo directivo, que respondió a sus directrices "en atención a su autoridad" y ante el "temor" de que pudiera prescindir de sus servicios.