Un juez suspende las visitas que había autorizado a un acusado de matar a su esposa para ver a su hija

Así lo ha decidido en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que estima la solicitud formulada por el Ministerio Fiscal al impugnar su decisión, al amparo del artículo 158.4 del Código Civil.

De este modo, el juzgado resuelve la medida cautelarísima propuesta por la Fiscalía de suspender las visitas, pero deja que sea la Audiencia Provincial de Madrid la que decida si se eliminan definitivamente estos encuentros.

La decisión para que sea la Audiencia la que decida se toma porque los abuelos maternos de la menor han recurrido ante esta instancia superior el auto que permitía al padre ver a su hija.

PERJUICIO A LA NIÑA

El juzgado suspende el régimen de visitas al tener en cuenta las especiales circunstancias del caso -el padre acusado de un delito de extrema gravedad- y al quedar constatada la posibilidad de que en el caso de que los encuentros continuasen podría ocasionarse un perjuicio importante en la niña, como desestabilización emocional o graves trastornos del comportamiento.

En junio de 2013, se le retiró al padre la patria potestad sobre la hija y se entregó a la familia de la fallecida. Las visitas se autorizan a instancias de un informe del equipo psicosocial que recomendaba que el padre volviera a ver a su hija al estimar que era lo más beneficioso para la pequeña.

En el auto, el juez apuntaba que se considerarán motivos de interrupción varias cuestiones, como la manipulación de la menor por cualquier vía o "la exposición a falsas esperanzas en relación a la futura organización de la vida" de la hija.

En este punto, solicitaba que la situación de la niña "debe ser estable" y solo se podrá hablar de "realidades, no de proyectos futuros que no se sabe cuándo se van a materializar". Además, pedía que el contenido de las visitas se centre en la vida de su colegio y sus actividades.

En cuanto a los hechos, Raúl, cabo de la Guardia Civil, supuestamente cometió la agresión mortal con su arma reglamentaria y se enfrenta por ello a una imputación de asesinato, según las mismas fuentes.