Se trata del inspector residente titular del Consejo de Seguridad Nuclear en Ascó 1 cuando se produjo la fuga, A.G.R., que hoy estaba citado a declarar como imputado junto al jefe de explotación de la central en 2007, J.S.R., quien se ha acogido a su derecho a no declarar.
El pasado 21 de marzo ya comparecieron ante la juez instructora el director de la planta cuando se produjo el escape de partículas radiactivas en noviembre del 2007, Rafael Gasca, y el jefe del servicio de Protección Radiológica, F.G.T.
Ambos también se acogieron a su derecho a no declarar y manifestaron su voluntad de hacerlo cuando se disponga de los informes periciales solicitados por la juez, según fuentes de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV).
Por otra parte, hoy sí ha declarado uno de los dos peritos citados como testigos.
Precisamente, la duración de la declaración de este perito y las necesidades del juzgado de hacer otras diligencias correspondientes a la guardia han llevado a la juez a suspender las declaraciones que también estaban previstas para hoy y se buscará nueva fecha, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Los dos peritos citados son el radiólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eduard Rodríguez Ferré, y el experto en energía nuclear de la organización ecologista Greenpeace, Carlos Bravo, quien ha anunciado que la entidad se personará como parte interesada en este proceso.
Tras la denuncia presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona contra diferentes responsables de la nuclear Ascó 1, la juez abrió el pasado febrero las primeras diligencias judiciales por un delito de este tipo en España desde 1989.
Los imputados están acusados de delitos contra la seguridad colectiva por exposición a radiaciones ionizantes a personas, contra el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores y de falsedad documental.
En total, estos delitos pueden ser sancionados con penas que oscilan entre los seis y los dieciséis años de cárcel.
En su querella, el fiscal acusa a los máximos responsables de Ascó de cometer "inaceptables negligencias" que propiciaron que, en noviembre de 2007, la central nuclear de Ascó I emitiese al exterior partículas radiactivas -que no se han podido cuantificar- de las que no informó hasta abril del año siguiente.
El servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía recuerda que fueron halladas partículas radiactivas en la orilla opuesta del río Ebro, en una chatarrería situada a 60 kilómetros de Ascó e incluso en el zapato de un trabajador que salía de la central, mientras que "no se cancelaron las visitas de grupos de estudiantes" a la planta.
El incidente fue clasificado con un nivel 2 en la escala, que va de 0 a 7, y supuso la imposición por parte del Ministerio de Industria de la mayor multa de la historia nuclear española, un total de 15,4 millones de euros.