El pasado 2 de septiembre el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de San Sebastián confirmó el acuerdo de la Junta Electoral de Guipúzcoa del 29 de agosto por el que excluyó de las listas de candidatos de EH Bildu al exportavoz de Batasuna.
El titular del órgano judicial, Víctor Mora, desestimó el recurso presentado por la defensa de Otegi, en el que pedía que anulara la resolución de Junta y declarase el derecho del aspirante de EH Bildu a concurrir a las elecciones del 25 de septiembre.
La sentencia señalaba que la privación del derecho de sufragio pasivo, decretado por sentencia de la Audiencia Nacional, "representa una cuestión judicialmente agotada, al haberse examinado ante las instancias oportunas, y haber devenido firme y consentida por el propio recurrente". Además, recordó que Otegi está inhabilitado para cargo público y para el ejercicio del derecho a sufragio pasivo finalizaba en el año 2021.
Por su parte, en el escrito del abogado Iñigo Iruin alegó que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia, mantienen "que la pena accesoria debe tener el mismo régimen y ha de seguir la misma suerte que la pena principal", por lo que, a su juicio, la inhabilitación para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo quedó extinguida con la condena de prisión que Otegi cumplió ya el pasado 1 de marzo.
El Tribunal Constitucional tendrá hasta las 24.00 horas del 7 de septiembre para decidir si considera que la pena de inhabilitación de Arnaldo Otegi quedó extingida el 1 de marzo o no, y en consecuencia, si es posible que concurra a los comicios autonómicos.