La petición de Hernando estaba relacionada con el informe que, a pesar de no haber sido solicitado por el Gobierno, emitió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en enero de 2005, radicalmente contrario al proyecto del Ejecutivo socialista. Salió adelante con el respaldo de los 10 vocales designados entonces a propuesta del PP más el del presidente del Consejo, que era Hernando.
En este sentido, el TC ha decidido estimar la causa de abstención formulada por el magistrado del denominado "bloque conservador" de estes órgano al entender que puede integrarse en lo señalado en dos puntos del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este precepto incluye entre los motivos para apartarse de un debate el haber ocupado un cargo con ocasión del cual se haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o haber podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad.
INFORME MUY CRÍTICO
El CGPJ presidido por Hernando aprobó el informe crítico con la ley recurrida, si bien a pericón suya se eliminó un párrafo muy polémico en el que el ponente del informe, el vocal "conservador José Luis Requero, decía que "llamar matrimonio a las uniones homosexuales supondría un cambio tan radical como llamar matrimonio a la unión entre un hombre y un animal".
El informe del órgano de gobierno de los jueces era favorable a la regulación de las uniones entre homosexuales, pero contrario a que se hiciera bajo la forma del matrimonio y de que se les permita adoptar.
Además de expresar dudas de constitucionalidad sobre el que entonces era un mero proyecto del gobierno de José Luis Rodríguez el informe, el órgano de gobierno de los jueces señalaba que un elemento esencial del matrimonio es que une a un hombre y una mujer, por lo que si no es heterosexual no es matrimonio.
El CGPJ añadía que la reforma se funda sobre "bases movedizas" como la conciencia o la demanda social, o "en un mal entendido sentido de la dignidad de la persona o la igualdad". En este sentido, sugería la figura de un contrato o pacto de convivencia y las uniones de hecho.
EL RECURSO ESPERARÁ A LA RENOVACIÓN
Pese a que el incidente de abstención ya ha sido resuelto , el Constitucional no tiene previsto entrar en el fondo del recurso hasta que se haga efectiva la renovación de los nuevos magistrados designados el pasado viernes a propuesta de los dos partidos mayoritarios.
Así, y pese a cumplimentarse la renovación, el recurso contra el matrimonio gay estará en manos de once jueces en vez de doce, porque las abstenciones en el TC no suponen una sustitución del magistrado que se aparta.
El PP denunció que la ley vulnera el artículo 32 de la Constitución, que establece el derecho al matrimonio, y vio igualmente quiebra constitucional en otros seis artículos (10.2, 14, 39, 53.1, 9.3, y 167) además de acusar al legislador de un uso fraudulento del término, en consonancia con lo dicho en su día por el CGPJ.
La ponencia sobre este asunto ha recaído en el magistrado del denominado "sector progresista" Pablo Pérez Tremps, que ha presentado un texto contrario a la aceptación del recurso que confirmaría la constitucionalidad de la norma. La mayoría de magistrados adscritos a este sector parece apuntar la denegación del recurso.
La importancia del asunto y el hecho de que el recurso se presentara hace ya casi siete años podría motivar el aplazamiento de las deliberaciones hasta que se produzca el relevo efectivo de los magistrados Elisa Pérez Vera, Javier Delgado, Eugeni Gay y el fallecido Roberto García-Calvo, lo que se espera para finales de este mes, según las mismas fuentes.
No obstante, La renovación no parece que vaya a variar mucho el equilibrio de fuerzas existente en el tribunal de garantías, ya que se pasaría de una mayoría de 7 magistrados "progresistas" frente a 3 "conservadores" (los cuatro designados a propuesta del PP menos Hernando, si bien el designado por el PSOE Manuel Aragón ha venido votando en diversos asuntos con el bloque conservador) a una situación de 7 a 5.
El Partido Popular (PP) ha designado como nuevos miembros del Tribunal Constitucional al ex diputado por Granada Andrés Ollero y al magistrado del Tribunal Supremo Juan José González Rivas.
A propuesta de PSOE se incorporan Fernando Valdés, que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y la magistrada del Supremo Encarnación Roca. Todos ellos comparecerán el próximo lunes en la Comisión de Nombramientos de la Cámara baja y se espera que nombrados formalmente el próximo 17 de julio.