El TC estudia 16 recursos de presos de ETA contra la "doctrina Parot"

EUROPA PRESS 21/08/2012 09:08

Se trataría de un grupo de presos sobre cuyos recursos contra la aplicación de la "Parot" el Constitucional aún no se ha pronunciado, aunque la lista de afectados no ha trascendido.

Los magistrados que integran la Sala de Vacaciones son el propio presidente del Tribunal, Pascual Sala; el vicepresidente Ramón Rodríguez-Arribas y el magistrado Pablo Pérez-Tremps.

El tribunal con sede en Estrasburgo condenó el pasado 10 de julio a España por aplicar esta doctrina a Inés del Río -que supone la aplicación de redenciones sobre el total de la condena a un preso, y no sobre el máximo de 30 años, con la consiguiente ampliación de su estancia en prisión-, al considerar que se vulneró la Convención Europea de Derechos Humanos porque se aplicaron penas de forma retroactiva en perjuicio de esta presa.

Nada más conocerse esta decisión, el Gobierno anunció que el próximo mes de septiembre recurriría ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la decisión sobre Del Río, que aún no es firme. Esta circunstancia puede influir sobre el tratamiento que el Tribunal Constitucional de a este asunto, según las mismas fuentes.

Por el momento, el alto tribunal ha estimado los recursos de cuatro presos de ETA, en todos los casos antes de que se conociera el pronunciamiento del TEDH.

El pasado 29 de marzo se anularon las resoluciones que permitieron extender la prisión a José Ignacio Gaztañaga, que fue uno de los primeros presos a los que se aplicó la doctrina, hace seis años, Juan María Igarataundi y José María Pérez Díaz; y el 1 de junio benefició con una sentencia similar a Luis María Lizarralde Izaguirre.

Del resto de recursos vistos por el Pleno, que sumaban casi la treinta, la mayoría de internos de la banda, unos cuantos fueron inadmitidos y el resto rechazados.

Los razonamientos del Constitucional no pasaban por entrar en el fondo de la "doctrina Parot", cosa que sí ha hecho el tribunal de Estrasburgo, sino que se limitaron a estimar los recursos de aquellos presos a los que se extendió la prisión cuando ya contaban con un pronunciamiento firme sobre su fecha de licenciamiento.