En el caso del expresidente de ANC, y a petición de su defensa, la Sala acuerda abrir una pieza separada para analizar su petición de suspender cautelarmente la orden de ingreso en prisión -que cumple desde el pasado 16 de octubre- y da traslado a las partes para que informen al respecto.
En su recurso, Sánchez alega vulneración de su derecho a un juez ordinario por haber asumido la Audiencia Nacional el caso --en el momento de interposición de este recurso, el pasado mes de noviembre, el asunto aún no había sido asumido por el Tribunal Supremo--, lo que su defensa veía como una vulneración clara de la normativa procesal por falta de competencia de este órgano para juzgar supuestos delitos de sedición y rebelión.
La defensa alude también en su recurso a que un auto del mismo tribunal de 2008 en el que concluyó que estos delitos eran competencia de los tribunales provinciales para impedir que el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investigase el golpe de Estado franquista de 1936.
También argumenta la defensa una vulneración de garantías procesales por el hecho de que no se fundamentaron debidamente los motivos para el ingreso de Sànchez en la prisión de Soto del Real, donde permanece el pasado 16 de octubre. La magistrada Carmen Lamela fue la que acordó las prisiones, y la defensa señala que se esgrimieron motivos no alegados por el fiscal en la declaración, como el riesgo de fuga o destrucción de pruebas.
Finalmente pedía, aunque estas reclamaciones podrían haber perdido ya objeto, que el TC dejara en suspenso su prisión provisional para que pudiera concurrir en condiciones de igualdad con los otros candidatos a las elecciones del 21 de diciembre, donde obtuvo escaño por la candidatura de Junts per Catalunya. Esta petición de excarcelación se verá ahora como pieza separada por el tribunal de garantías.