Así se desprende del escrito que ha remitido Soler --vía correo electrónico-- a la jueza instructora del caso Cooperación, en la que está imputado por la pieza 2, relativa a la concesión y gestión de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo a distintas ONGs durante los años 2009, 2010 y 2011.
Soler, testaferro de Tauroni, reitera en su escrito --al que tenido acceso Europa Press--, al igual que ya hizo cuando declaró como testigo por la pieza principal del procedimiento, que no se benefició "ni de un solo euro" de las actividades de Dinamiz-e --entidad que obtuvo unos 275.000 euros de las ayudas de la extinta conselleria--, y afirma que se siente "estúpido" por haber sido el "tonto útil" en todo este asunto.
El imputado explica que en el año 2003 pidió un trabajo a Tauroni, cuando tenía 60 años y "ninguna posibilidad de encontrar un empleo en España, por las razones de sobra conocidas por todos: la edad". Por ello, y ante la "amistad" que le suponía a Tauroni, acudió a él, "empresario de éxito (al menos aparentemente)".
Al respecto, señala: "He cometido un error, eso sí. Confiar a ciegas en él por defender un sueldo decente que me permitiera vivir con decencia. Pero nunca tuve capacidad de gestión en las dos empresas de las que fui administrador --nominal, claro está--".
Así, indica que no tiene "consciencia" de haber cometido ningún delito o de haberse beneficiado "en un solo euro" de todas las actividades que Tauroni haya desarrollado a través de sus empresas ni de su fundación. "Solo conservé mi sueldo, que era de 1.200 euros mensuales, 12 pagas. Por ello, mi situación económica no ha sido nunca más que justa", apostilla.
Actualmente, según matiza, subsiste en Bolivia con dos pensiones de España: una de viudedad y otra de jubilación, que suman 1.270 dólares. De ellos, paga 400 dólares de alquiler y unos 100 más entre luz, agua y un seguro de enfermedad. "Puedo subsistir por ser éste un país barato. En Valencia no podría vivir", subraya.
El imputado afirma que llegó a Bolivia el 12 de enero de 2012 y que desde entonces no ha podido viajar a Valencia a visitar a su familia porque las dos pensiones juntas no le permiten comprar "un boleto de avión".
"NADA QUE OCULTAR"
Por último, ha afirmado que está "a disposición" de la jueza y le ha dicho: "No dude que no tengo nada que ocultar". En relación con sus posibilidades, comenta que no dispone de medios para contratar los servicios de un abogado y de un procurador.
Ante esta situación, la jueza acuerda, según consta en una providencia de principios de febrero, que se libre un oficio a los Colegios de Abogados y Procuradores a fin de que designen el profesional del turno de oficio que corresponda para la defensa y representación de Soler.