Torres-Dulce ha hecho estas declaraciones en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la firma de un convenio para la destrucción de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas incautadas en operaciones policiales.
"La decisión de Pedraz de enviar el atestado a los juzgados de Plaza de Castilla se adoptó legítimamente en una providencia, sin mirarlo la Fiscalía con lo cual no pudo expresar una posición al respecto", ha dicho.
Además, ha defendido que no existe ninguna "sombra de contradicción" en el posicionamiento de la Fiscalía General respecto a la Fiscalía de Madrid. Su postura es "clara" al distinguir la "mera e inocua, sin trascendencia penal," participación en las concentraciones, respecto a los comportamientos que incurrieron en delitos de desobediencia, resistencia o atentado a la autoridad.
Por otra parte, estarían aquellas conductas "individualizadas" que sobrepasaron el propio efecto de la manifestación con "una intencionalidad de dirigirse al Congreso de los Diputados", las cuales habría que investigar si son constitutivas de un delito contra las altas instituciones de la Nación, de cuya instrucción es competente la Audiencia Nacional.