Así lo indica en el informe sobre "Marco de integridad institucional en España", presentado por Transparencia Internacional en Madrid y que evalúa las "fortalezas y debilidades" en cuanto a integridad y transparencia de 12 instituciones españolas, como son el Parlamento, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el sector público, el Tribunal de Cuentas o los medios de comunicación, entre otras.
Para la organización, "los mecanismos de integridad que ya existen no se aplican suficientemente porque instituciones como los órganos de control del gasto público se encuentran bajo presión de los partidos, que priorizan los intereses a corto plazo sobre las reformas a largo plazo".
"España obtiene una buena puntuación en materia de gobernanza, es decir, que el apoyo de las instituciones españolas a los gobiernos podría proporcionar un liderazgo eficaz. Sin embargo, en la práctica esto no constituye ninguna garantía, teniendo en cuenta que nuestro estudio ha identificado debilidades en el sistema de representación y equilibrio de poderes", ha explicado el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano.
De este modo, el informe denuncia que, por ejemplo, el control del Tribunal de Cuentas, un órgano de control del gasto público "independiente por ley", se ha "debilitado en la práctica por influencia de los partidos políticos".
UNA MAYORÍA ABSOLUTA DA UN CONTROL CASI ABSOLUTO
Así pues, el director del estudio, Manuel Villoria, ha señalado que, "teniendo en cuenta el importante papel de los partidos políticos en España, la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad debe manifestarse en el ámbito político". "Con la actual debilidad del marco institucional de integridad en España, una mayoría política absoluta garantiza un control casi absoluto sobre las instituciones públicas, y eso genera un gran riesgo en términos de abuso de poder", ha añadido.
El informe de Transparencia Internacional también destaca que, aunque las instituciones "más sólidas" son las "agencias de aplicación de la ley" como la Fiscalía o la Policía y Guardia Civil, también "el sistema se caracteriza por la existencia de un riesgo de politización que debe ser minimizado".
"Aunque el enjuiciamiento de varios casos de corrupción de alto nivel se ha llevado a cabo con éxito, los procesos han tenido gran repercusión mediática y, como resultado, ha aumentado la percepción de la corrupción, circunstancia que genera mayor desconfianza en las instituciones. Es preciso prevenir y no sólo sancionar la corrupción", subraya el estudio.