Tras comparecer ante el magistrado del Tribunal de Cuentas, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha explicado a los periodistas que considera que el delito de su defendido ha "prescrito" y ha apuntado que los altos cargos de la Junta "indudablemente" conocían esas irregularidades contables, por lo que la investigación "debería subir un poco más" en el organigrama institucional y no quedarse en el director general.