El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, se ha comprometido a aprobar el próximo mes de octubre la fiscalización de tres contabilidades anuales de partidos políticos para ponerse al día y que sólo quede pendiente el del año pasado.
En su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda ha presentado el último informe sobre los partidos políticos y sus fundaciones, que corresponde al año 2008, y ha admitido el retraso existente en la institución a la hora de fiscalizar a las formaciones políticas.
Pero ya ha anunciado que "actualmente se encuentra muy avanzada" la tramitación de las fiscalización de la contabilidad ordinaria de los partidos en los años 2009, 2010 y 2011 y que su objetivo es aprobar un informe en octubre para que "la fiscalización de la contabilidad de los partidos se sitúe en el próximo ejercicio dentro de los plazos previstos en la normativa".
Además, el presidente del tribunal ha recordado que "los recursos personales asignados a la unidad de partidos políticos se han reforzado significativamente con el fin de acelerar los trabajos de fiscalización".
UPYD SE QUEJA DE POLITIZACIÓN
Los representantes de los grupos parlamentarios han agradecido ese esfuerzo pero no han evitado poner pegas al informe de 2008, especialmente la diputada de UPyD Irene Lozano, quien ha acusado al tribunal de estar politizado por el hecho de que los grandes partidos eligen a sus consejeros.
Álvarez de Miranda ha defendido la imparcialidad de la institución y cree "profundamente injusto" que se acuse al Tribunal de Cuentas de "lavar la cara al bipartidismo". Es más, ha recordado informes en los que se denuncian problemas del PP y del PSOE.
También el portavoz del PP, Eloy Suárez, ha defendido al Tribunal de Cuentas y ha rechazado que se ponga "en tela de juicio" su labor. Eso sí, ha aprovechado para destacar los problemas detectados en las cuentas de UPyD por falta de documentación de donaciones particulares y de Izquierda Unida por no presentar las cuentas de todas sus federaciones territoriales.
"Cuando uno oye a Cayo Laya diciendo esas cosas a Mariano Rajoy (por el 'caso Bárcenas), es evidente que hay un doble discurso --ha comentado--. IU no está en condiciones de hablar de transparencia por su persistencia contumaz en no rendir cuentas".
"Es innegable que hemos tenido problemas en algunas federaciones para presentar cuentas pero se va a arreglando, ha reconocido el diputado de IU, Ricardo Sixto.
RÉGIMEN SANCIONADOR
Por otro lado, el presidente del Tribunal de Cuentas ha defendido las sucesivas reformas de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, que arrancó en 1987 y que ha sido cambiada en 2007, cuyos efectos figuran en el informe presentado este martes, y en 2012, cuyas consecuencias se verán en su momento.
A su juicio, cada reforma mejora la situación legal pero también suscita nuevos debates. En este sentido, ha vuelto a pedir un régimen sancionador y una mejor definición de los periodos de prescripción y las interrupciones de los mismos.
En el informe de 2008, recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas aboga por regular las funciones y obligaciones del responsable de la gestión económico-financiera del partido político en relación con la formulación de las cuentas anuales, la legalidad de los recursos públicos y privados percibidos por el partido político, y la regularidad contable de la actividad económico-financiera reflejada en las cuentas anuales formuladas.
REGISTRO DE PROVEEDORES
Para reforzar los controles internos, plantea que los partidos tengan un registro de proveedores "selectivo", en función de parámetros cuantitativos y cualitativos objetivos, a la hora de contratar los bienes y servicios que precisen, así como que se prevea la existencia de procedimientos normalizados de contratación que garanticen la selección de la oferta más ventajosa y prevean la documentación necesaria que acredite los criterios aplicados.
También cree necesario establecer, de forma análoga a la regulación existente en el ámbito electoral, la obligación de que los proveedores que superen un determinado importe facturado informen anualmente al Tribunal de Cuentas sobre la facturación realizada con cada formación política.
También defiende que se reforme la regulación del deber de colaboración de la Administración Tributaria y Organismos de la Seguridad Social de forma que tengan que facilitar toda la información necesaria para contrastar la información contable de los partidos políticos y fundaciones y asociaciones vinculadas y, en consecuencia, poder determinar el cumplimiento de las obligaciones mantenidas con dichas instituciones.
OBLIGAR A LOS BANCOS A INFORMAR AL TRIBUNAL
Respecto a las entidades de crédito, pide obligarlas a informar anualmente al Tribunal de Cuentas sobre las donaciones, debidamente identificadas en los términos exigidos por la ley, que sean ingresadas en las cuentas bancarias abiertas al efecto por los partidos.
Regular un procedimiento que resuelva aquellos casos excepcionales en los que, "por causas involuntarias al partido", a éste le sea imposible proceder a la identificación del donante, es otra de las recomendaciones del informe. Según el tribunal, este procedimiento "debería pronunciarse sobre la utilización de estos fondos y su destino al final del ejercicio". En concreto, se propone su traspaso al Tesoro para su aplicación a actividades de interés social o humanitario.
Asimismo, solicita ampliar las competencias fiscalizadoras actualmente atribuidas al Tribunal de Cuentas a fin de que el ámbito objetivo del control sobre la financiación de los partidos políticos se extienda a evaluar la adecuación de la gestión de la actividad económico-financiera de los partidos políticos a los principios de economía y eficiencia.