El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa por el 'procés' independentista en Cataluña, Pablo Llarena, presentó a los jueces alemanes fue facilitado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro para sustentar la acusación de supuesta malversación de fondos públicos contra varios de los investigados.
La petición del tribunal alemán se realiza a iniciativa del equipo de abogados de Puigdemont, según fuentes jurídicas.
El objetivo del tribunal alemán de Schleswig-Holstein es conocer los hechos que podrían sustentar este delito en el caso del expresident de cara a su entrega a España, después de que rechazara en principio concederla por el delito de rebelión.
Pablo Llarena dictó el auto de extradición contra el expresidente catalán teniendo en cuenta los datos que aparecen en el informe que le facilitó la Hacienda española.
Llarena, además, también valoró para su auto información de control a través de diversos requerimientos realizados a la Intervención de la Comunidad Autónoma, así como las denuncias que desde el mes de septiembre de 2017 Hacienda ha venido formulando ante la Fiscalía General del Estado para que investigue posibles responsabilidades penales de autoridades o funcionarios de la Generalitat de Cataluña en relación con las campañas promocionales del referéndum.
En este mismo documento, Llarena enumeraba otras pruebas reunidas en lo que se refiere a los costes relacionados con la publicidad del referéndum en los medios de comunicación públicos (una campaña en abril 2017 con el eslogan "sí o no" sobre el mapa de Cataluña y otra campaña el 4 de septiembre de 2017 para fomentar participación en la votación del 1-O), la distribución de documentación electoral, los sobres para remisión de cartas certificadas, los gastos de folletos de propaganda y cartelería, así como los gastos derivados de la intervención de una pluralidad de observadores internacionales (pagos en el extranjero a la sociedad neerlandesa "The Hague Centre for Estrategic Studies" y gastos de DIPLOCAT).