Durante la misma, se leerán los últimos informes, las conclusiones y los acusados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la última palabra.
Ángel González, que actualmente es portavoz de IU en la Junta General del Principado de Asturias, está acusado de un delito de prevaricación administrativa por la tramitación y ejecución de contratos menores para la compra de unos monolitos relacionados de las víctimas de la Guerra Civil, en 2010, cuando era viceconsejero de Bienestar Social.
Fiscalía pide para él una pena de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. También se juzga a Roberto Moro, secretario general técnico, para el que piden 5 años de inhabilitación.